Seis colegios de profesionales han hecho público este lunes un comunicado en el que critican que las administraciones "abusan" del uso de medios propios en la redacción de proyectos y en la ejecución de obras, y de ese modo se limita la concurrencia y la participación públicas en la licitación de trabajos y servicios.
Según los colegios profesionales, esa actuación de las administraciones tiene consecuencias como que se encarecen los trabajos, no se reducen los plazos de ejecución y se aumenta la subcontratación.
Así lo indican los colegios profesionales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife; de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife; de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas; de Ingenieros de Telecomunicaciones; de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife y de Arquitectos de Canarias.
Uso "abusivo"
Comentan los colegios profesionales que la consideración de medios propios implica la posibilidad de encargar directamente, sin ningún tipo de licitación pública, cualquier actuación, ya sea asistencia técnica, proyecto u obra que la Administración pretenda acometer.
A su entender, la figura del “encargo” por parte de la Administración a esas empresas se está utilizando de manera "abusiva, pues la mayor parte de las veces es consecuencia de la incapacidad" de la administración pública para acometer en tiempo y forma procedimientos de licitación en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, y ese “encargo” es un recurso que debería emplearse de forma excepcional y no habitual.
En todo caso, añaden, recurrir a ese procedimiento, amparado por la ley, debe hacerse de manera "justificada y probarse como la forma más ventajosa" para acometer los trabajos por parte de la Administración.
La justificación: retraso temporal
Aseveran que la mayoría de las justificaciones que se realizan en la actualidad se sustentan en el retraso temporal para llevar a cabo procedimientos de licitación por falta de recursos humanos en los servicios de actuación administrativa, contratación, servicios jurídicos, servicios técnicos y un "largo etcétera".
Pero, prosigue, la "falta de músculo humano no es razón suficiente para abusar de una forma de ejecución que deja de lado la capacidad, el mérito, la concurrencia pública y el poder conseguir las mejores ofertas del mercado con la mejor relación calidad – precio, despreciándose así la esencia de una licitación que es conseguir la propuesta más ventajosa para la Administración".
Preguntan qué es lo más ventajoso para la administración, algo que consideran clave, y en lo que se "basa el mayor porcentaje de justificaciones para encargar los trabajos a un medio propio".
Reducción de los plazos
Agregan que se defiende que lo más ventajoso es poder encargar los trabajos en el menor tiempo posible para que se puedan ejecutar y poner los bienes, sea una obra, un proyecto, a disposición y en uso para los beneficiarios, que son todas las personas que diariamente usan las infraestructuras públicas, desde una carretera, hasta la depuración de las aguas residuales urbanas, pasando por la conservación de las mismas o la redacción de proyectos para su posterior construcción.
Pero cuestionan hasta qué punto esa reducción en los plazos de adjudicación es ventajosa, y proponen analizar de forma "sencilla" qué supone ejecutar una obra mediante un encargo a un medio propio en lo concerniente a precio y plazo.
Explican que el medio propio lo primero que hace es retarificar la obra según sus tarifas, "lo que suele suponer de entrada un incremento del presupuesto de la obra de entre un 20% y un 30%".
El uso del dinero público
Dicen los colegios de profesionales que en una licitación las empresas ofertarían unas bajas que reducirán el precio de adjudicación del orden del 15%, "por poner una cifra bastante habitual y sin acercarnos a bajas que se están viendo últimamente superiores al 20% y que en muchos casos no son defendibles".
Es decir que, por la misma obra, la Administración va a pagar 125 por lo que podría haber contratado por 85, lo que supone casi el 50% de incremento del coste de la obra cuando la realiza un medio propio. Y eso siempre y cuando no se aprueben nuevas tarifas, lo que conllevaría volver a regularizar el contrato, aseguran.
Por tanto, añaden, "no se le está dando el mejor uso al dinero público, que es una de las obligaciones de la Administración". En cuanto a la "teórica" ventaja en el plazo total al no tener que licitar la obra responden que ese ahorro "queda diluido" en el ritmo de ejecución de los trabajos.
Así, dicen que un medio propio tiene un cronograma de los trabajos que en "el mejor de los casos se dilata una vez y media sobre el que podría desarrollar una empresa constructora".
Empresas generalistas
Los diferentes colegios dicen que eso ocurre porque los turnos, rendimientos, horarios reducidos de trabajo "no son los de una empresa privada, en las que el adelanto en la ejecución y la organización de los recursos supone una ganancia económica para la empresa. El medio propio no tiene los mismos incentivos por una reducción de plazo, pues su estructura económica es diferente".
Así que, concluyen, "tampoco" está claro que haya una reducción de plazo hasta la puesta a disposición de una obra debido al mayor tiempo de ejecución. En cuanto a la calidad de los trabajos señalan que los medios propios no son empresas especializadas, sino generalistas.
Y, en actuaciones que requieren un conocimiento técnico elevado, se ha de recurrir a expertos en esas materias, con lo que la redacción de proyectos tecnológicos, proyectos de ingeniería de diferentes ramas y ejecución de obras singulares por parte de medios propios, "llevan a un diseño y una ejecución que no alcanzan las mayores calidades y están en clara desventaja técnica con obras realizadas por empresas especializadas, siendo este detalle muy significativo".
Medios para ejecutar obras
También se refieren a los medios con los que cuenta la empresa pública para ejecutar la obra, y cuentan que "prácticamente con ninguno y mucho menos cuando se le encargan multitud de obras. Esto hace que el medio propio tenga que recurrir a subcontratar la ejecución casi total de la actuación".
Tras decir lo anterior, los colegios profesionales reconocen el empleo del recurso “medio propio”, como una figura que puede ser necesaria en un momento dado y que tiene su espacio en el apoyo a la administración en la consultoría y en la ejecución de obras, pero no en todas las actuaciones que acometa ésta. Ponen la atención en el uso abusivo de ese recurso, que "no se puede emplear sine die, no todo vale, no se puede justificar que en todos los casos el empleo del medio propio es lo más ventajoso para la administración por reducir los plazos de licitación".
Reclaman que se proteja la libre concurrencia, la libre competencia, la presentación de ofertas realmente ventajosas para la Administración, tanto técnicamente como económicamente, y en los mejores plazos que una empresa sea capaz de desarrollar las actuaciones y no disimular la ineficacia mediante el uso y el abuso de empresas públicas como medio propio.
Y se ofrecen a apoyar a la Administración creando foros de formación, espacios de debate o metodologías a emplear, que mejoren e impulsen el sistema para "volver a coger la senda del desarrollo profesional sin desmantelar el tejido empresarial que se está produciendo por falta de concurrencia pública, y la no aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público".