El Servicio Canario de la Salud (SCS), desde 2018, sólo ha impuesto dos penalizaciones económicas por incumplimiento de los conciertos sanitarios. Las dos sanciones, por infracciones en la prestación de servicios asistenciales de hospitalización media —según la información que facilita la Unidad Funcional de Gestión de Conciertos—, recayeron sobre el mismo centro: Vithas Santa Catalina (Las Palmas de Gran Canaria).
La primer sanción a Vithas Santa Catalina, de 300 euros, se registró el 4 de octubre de 2021. El motivo expuesto por el SCS fue "no haber comunicado" a la administración pública "las variaciones en la plantilla en los plazos y formas establecidos en el segundo párrafo de la cláusula 3.1.6 del pliego de prescripciones técnicas: especialista en Neurología".
"No hay interés en multar"
Ese mismo día, el organismo autonómico impuso la misma penalización —300 euros— al mismo centro de la capital grancanaria. El motivo fue el mismo, con una excepción: la falta por no comunicar variaciones en la plantilla en los plazos y formas establecidos no tuvo lugar en el mismo área. En lugar de Neurología el desliz administrativo se registró en especialista en Terapia Ocupacional.
Cuestionados si este número de sanciones entra dentro de los parámetros normales, según las cláusulas establecidas en los conciertos sanitarios que mantiene el SCS, profesionales de la sanidad pública de Canarias afirman que "no es extraño que haya tan pocas penalizaciones, aunque en la mayoría de los casos no se cumple lo establecido en los contratos". "Lo que pasa", explican, "es que no hay interés en multar".
Prórrogas
"A mí no me molesta que se privatice la sanidad", recalca un profesional del sistema público, "si se hace bien, se mejora el servicio y el beneficio redunda en el ciudadano. Lo malo es que no se hacen bien las cosas. En la mayoría de los casos, ahora mismo, los contratos están vencidos y funcionan por prórrogas".
El 17 de enero de este año, este periódico ya informó que doce conciertos sanitarios de los que dependen 900 camas del SCS en Gran Canaria y Tenerife están caducados desde finales de 2022, cuando se cumplieron los cuatro años de duración de los contratos, que no preveían una posible prórroga. Los hospitales estaban a la espera de que la Consejería de Sanidad realice un nuevo concurso.