Los grupos que conforman el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han aprobado este viernes por unanimidad instar al Gobierno de Canarias a que adquiera el Edificio Alejandro, ubicado en el barrio Nuevo Obrero de Ofra, donde actualmente residen familias de forma irregular.
Los vecinos del edificio –muchos de ellos ya han sido desalojados-- llevan varios años solicitando una alternativa habitacional o un alquiler social ajustado a sus ingresos. En este sentido, varios afectados intervinieron el mismo viernes en el consistorio a raíz de la moción presentada por el PSOE para que el ayuntamiento adquiriera el edificio de viviendas. A dicha moción se presentó una enmienda para que, en vez del consistorio, lo hiciera el Gobierno de Canarias. Todos dieron luz verde.
El alcalde la ciudad, José Manuel Bermúdez, alertó de que no se puede garantizar que, aunque se compre el inmueble, las viviendas sean para las personas que ahora mismo están habitando allí de manera irregular. “Con la ley en la mano, las personas que no han ‘okupado’ el edificio, pero están en la lista de demandantes y en situación de vulnerabilidad, tienen el mismo derecho”, señaló.
"No pedimos nada gratis"
Durante el pleno, tres vecinos afectados por estos desahucios contaron el calvario que han pasado en los últimos años. La primera de ellas, Beatriz Gutiérrez, explicó que sabía las consecuencias cuando entró al edificio. "Tengo un menor a cargo. En abril me puse en contacto de forma desesperada con Servicios Sociales y todavía no he tenido respuesta. Nos avisan de cortes de luz y de agua, estamos en un sinvivir". Aseguró que la concejal "los tiene bloqueados" y que solo piden "pagar un alquiler asequible" y que el Gobierno de Canarias "valore los informes de vulnerabilidad".
A Gutiérrez, que espera por una vivienda desde hace 13 años, se sumó el testimonio de Concepción Rodríguez. Narró que lleva desde el año 1992 con la vivienda solicitada y fue desahuciada el pasado mes de noviembre. Recriminó "falta de interés" por parte del alcalde y de la concejala de Acción Social, Rosario González, ya que llevan "11 años luchando en el edificio" y llegando a un punto "en el que nos estamos enfermando nosotros y nuestros hijos". Rodríguez preguntó "por qué se compró el edificio de El Tablero y no el Alejandro" y mencionó que en su caso la alternativa que le daban era una vivienda en San Juan de la Rambla. "No es que no quiera. No puedo porque no tengo transporte y tengo mi vida aquí", aseguró.
Aunque ya no está en el edificio, Donato Linares quiso "hablar por sus compañeras" afirmando que "de todas las veces que han acudido al consistorio no ha habido ninguna solución". Afirmó que actualmente padece una enfermedad y se encuentra viviendo en casa de su cuñado durmiendo en una colchoneta.
La misma solicitud que para El Tablero
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, afirmó que la moción presentada por su partido es la misma que en el caso de las viviendas de El Tablero. "Esa moción la presentó la actual concejal, Rosario González, y nuestro grupo la apoyó. En este caso instamos al ayuntamiento, aunque acepto que se haga una enmienda para que en su lugar sea el Gobierno de Canarias quien compre. Lo único que quiero es una solución para las familias”, dijo Hernandez.
La concejal del PSOE recordó que se trata de una una propiedad "que ha pasado de manos" porque "la tenía un fondo buitre y ahora es de un gran tenedor". Hernández insistió en que "le ha pasado por delante esa oportunidad al ayuntamiento" ya que en este caso "tienen fondos concretos para poder comprar". En lo que se refiere a los cortes de agua, Patricia Hernández recriminó a la concejal de Acción Social que "hay un procedimiento que impide que se les corte el agua con un informe de servicios sociales de familia vulnerable” señalando que dicho informe “no fue enviado” ni la petición a servicios públicos “para que reestableciera”.
Por ello, González aseguró que desde el año 2013 se han hecho intervenciones y se han ofrecido alternativas a cada una de las familias. En respuesta a Hernández dijo que no iba a aceptar que pidiera "que las personas del edificio tuvieran preferencia a la hora de acceder a una vivienda solo por estar de manera ilegal” asegurando que a dichas familias “se les ha dado las mismas oportunidades que a cualquier familia vulnerable que tenga una necesidad de vivienda”. Patricia Hernández le respondió que “no se trataba de comparar quien estaba peor en Santa Cruz”.
"Nadie quiere que haya situaciones como esta"
En lo que se refiere a la compra del edificio el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló que González y Bermúdez "han estado en numerosas ocasiones en negociación con ambos propietarios sin llegar a un acuerdo en este asunto" y aseguró a los vecinos que "nadie en el ayuntamiento quiere que pasen situaciones como esta".
También en respuesta a Patricia Hernández, José Manuel Bermúdez le pidió "que revisara su criterio" porque estuvo "14 meses como alcaldesa de Santa Cruz y el PSOE cuatro años en el Gobierno de Canarias sin dar solución". Puntualizó además que hay más de 3.000 demandantes de vivienda e hizo referencia así a una reunión que mantuvo el martes con la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a quien transmitió que "la construcción de vivienda pública tarda mucho" porque son procesos ordinarios y no de emergencia.