Este viernes se ha llevado a cabo la segunda jornada de huelga de los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. La calle Méndez Núñez, en Santa Cruz de Tenerife, ha sido sede de los pitos, tambores y reivindicaciones de los sanitarios del banco de sangre de la comunidad quienes denuncian que el Gobierno de Canarias quiere externalizar el servicio, es decir, hacer de la sangre “un producto de mercado”.
Tras la primera jornada de huelga, Sanidad explicó que estos trabajadores sí se acogerán a la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que obliga a un máximo de temporalidad del 8%. Pero tal y como ha denunciado a Atlántico Hoy Daniel Quintero, enfermero del ICHH y representante de los trabajadores, esas listas de las que habla la Consejería, y en las que solo estarían estos sanitarios, están sujetas a la disposición séptima de dicha ley, que contempla que esta estabilización se pueda hacer a través de sociedades mercantiles públicas y de entidades públicas empresariales, entre otros.
Una lista de trabajadores que, tal y como denuncia Quintero se hizo “de prisa y corriendo” una vez presentaron el aviso de huelga. Atlántico Hoy ha preguntado a Sanidad si la estabilización de estos trabajadores en la lista que se publicará el próximo 1 de junio estará recogida bajo los criterios del derecho público, estando contemplados como trabajadores de un servicio público, pero no ha obtenido respuesta. Tampoco sobre la denuncia de externalización que hacen los trabajadores.
Actualmente solo 47 de los sanitarios del ICHH están en un régimen estable frente a los 250 cuyo contrato se renueva de manera temporal, según el enfermero. “Las entidades públicas empresariales son un escalafón por debajo dentro de lo que son las funciones del sector público”, defiende Quintero, y argumenta que el servicio perderá los controles a los que se someten los servicios públicos.
“Les invitamos a que se sienten con el comité de huelga”, anuncia Quintero, y explica que por el momento “no se ha enviado a ningún político o director general que pueda ser causa de lo que está sucediendo en la institución y cada día estamos llegando a más”, comenta en relación a que las reuniones que por el momento han tenido han sido con la persona responsable de los recursos humanos, pero que no cuenta con soberanía política.
Una sanidad más privada
Hace unos días saltaba la noticia de que Canarias era una de las cuatro comunidades con mayor privatización de la sanidad. Un hecho que a Quintero no le ha sorprendido y enumera que en estos momentos hay abiertos conflictos con los médicos del Servicio Canario de Salud, trabajadores del 112 y de Inspección pública. “Es una evidencia, las concertaciones existen”, comenta.
Y en relación a la ideología del actual Gobierno destaca que “no esperábamos que un gobierno de izquierdas, socialista, hiciera lo que otros han intentado y no han podido”, comenta en relación a una privatización que también intentó Coalición Canaria. “Con esta estabilización a una entidad pública empresarial (el ICHH) se convertiría de facto en empresa lo que hoy es organismo autónomo público”, denuncia.