La atención de urgencia es la única vía de acceso que le queda a los migrantes en situación irregular hasta que obtienen, si lo consiguen, la tarjeta sanitaria. Esto es así aunque el Gobierno del PSOE pretendió restituir la sanidad universal en 2018 con un real decreto que, no obstante y en la práctica, ha perpetuado la exclusión del sistema a los migrantes y ha abierto una brecha de desigualdad entre comunidades. Canarias una de las peores posicionadas.
Esta realidad queda representada en el informe El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos presentado por Yo Sí Sanidad Universal. A través del análisis de la trasposición que han hecho 17 comunidades y Melilla del real decreto de 2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), el estudio revela que 15 comunidades (el archipiélago entre ellas) facturan estos servicios sistemáticamente o se da aviso previo de que se les cobrarán las pruebas realizadas, lo cual tiene un "claro efecto disuasorio".
Todo ello lo han ilustrado en un mapa en el que dibujan la brecha autonómica teniendo en cuenta seis factores: la dificultad para empadronarse y la posibilidad de presentar una alternativa; el acceso los primeros 90 días en situación irregular y en situación de estancia; atención a menores y embarazadas; atención sin documento certificativo y facturación y atención a descendientes reagrupadas.
Criterios no unificados
La Resolución de 20 de junio de 2019 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia hizo públicas unas “recomendaciones para el procedimiento de solicitud, registro y expedición del documento certificativo que acredita a las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan residencia legal en territorio español, para recibir asistencia sanitaria”.
Las regulaciones autonómicas del RDL 7/2018 identificadas en la actualidad son heterogéneas en rango y forma y en Canarias siguen vigentes órdenes previas a 2018 (la regulación vigente es del año 2015). Además, el informe asegura que en el análisis de las normas y las entrevistas realizadas se ha repetido la ineficacia “de que cada comunidad tenga que regular su propio procedimiento, ya que desde la entrada en vigor del decreto, este sistema ha supuesto que se produzca una desactualización o inexistencia de norma autonómica, que ésta se aplique con criterios no unificados, y sobre todo que exista un amplio desconocimiento entre profesionales, porque cada vez se ha hecho más difícil acceder a la información correcta.
El resultado es que las personas migrantes lo tienen algo menos complicado en Cataluña y Andalucía, seguidas de Navarra o Euskadi, pero realmente difícil en Canarias, Madrid, Melilla o Galicia.
Exclusiones
Aunque el real decreto-ley 7/2018 mejoró la situación de algunas personas sin permiso de residencia, cuenta con importantes carencias y lagunas que han seguido provocando múltiples situaciones de exclusión.
Entre estas se encuentra la distinción entre “¡ser titular de derecho y tener acceso a asistencia, según sea la situación administrativa y la consolidación de la exclusión de las personas ascendientes que llegan a España a través de un proceso de reagrupación familiar. También está la exigencia de acreditar la imposibilidad de exportación del derecho a la asistencia sanitaria del país de origen. Y, la falta de contundencia en la defensa del derecho, que ha facilitado los casos de exclusión entre situaciones que gozaban de una especial protección, como la de personas menores, mujeres embarazadas y la atención de urgencia.
Acreditar su identidad
En sus respectivas normas, las comunidades no regulan formas para acreditar la identidad y la residencia en territorio español que no sean el pasaporte y el padrón, ni tampoco el procedimiento para recibir asistencia de urgencias en aquellos que están en proceso de obtener el reconocimiento del derecho a la asistencia. Además, uno de los requisitos para poder acceder a la atención sanitaria es llevar más de 90 días en el país, lo que se convierte en fuente de graves exclusiones. Solo ocho incluyen mecanismos para personas que llevan menos de 90 días.
También cabe destacara que el real decreto ya mencionado no especifica la necesidad de probar una estancia mínima de 90 días en España para acceder a la sanidad, pero las recomendaciones lanzadas por el Ministerio de Sanidad sí incluían este requisito.
Atención a embarazadas y menores
Canarias es una de las cuatro comunidades autónomas donde no existe la atención con cargo a fondos públicos a menores ni mujeres embarazadas en situación irregular o situación de estancia hasta la obtención del documento certificativo o alta provisional (que pueden tardar meses en conseguir).
La atención sin tarjeta siempre conlleva facturación, por tanto, menores y embarazadas sin este certificado corren el riesgo de tener que pagar su atención sanitaria.
Un papel acreditativo
El trámite de solicitud del documento certificativo (la tarjeta sanitaria para las personas en situación irregular) se inicia en el servicio de admisión de los centros de salud en todas las Comunidades Autónomas. Según el documento de recomendaciones, se debe dar un alta provisional para el acceso a la asistencia sanitaria durante el tiempo en el que se valida la solicitud.
Sin embargo, esto es variable entre comunidades. En nueve se da un alta provisional (aunque, en la práctica, hay problemas para el acceso en al menos dos de ellas). En Canarias, por su parte, ni siquiera se cubre la asistencia con cargo a fondos públicos en ningún caso. Además, el título acreditativo en el archipiélago es un papel que indica los datos de la persona y del alta en el servicio de salud. Asimismo, la obtención del documento certificativo es especialmente complicada para migrantes en situación irregular, más allá de la barrera de los 90 días, en territorios fronterizos como Canarias, Baleares y Melilla.
La organización Yo Sí Sanidad Universal asegura que la actitud de la gente del centro de salud cambia. “No es lo mismo que vayas con tu tarjeta de plástico, que no estás dando ninguna pista de tu situación administrativa. Todo aquel que va con un papel, automáticamente saben que se encuentra en una situación irregular”, concluye.