El Ministerio de Sanidad propone ahora eliminar las
restricciones a la hostelería y permitir la
apertura del ocio nocturno también en zonas en un nivel medio de riesgo y no solo bajo, medidas que, en todo caso, serán objeto de revisión y flexibilización según evolucione la pandemia.Así consta en el borrador que el departamento que dirige Carolina Darias envió a los consejeros, al que ha tenido acceso Efe, en el que Sanidad modifica la declaración de actuaciones coordinadas aprobada la semana pasada en el Consejo Interterritorial de Salud y publicada desde el sábado en el BOE.En concreto, el nuevo planteamiento de Sanidad
suprime todo lo referente a las limitaciones a la hostelería; lo acordado con el voto en contra de cinco comunidades -Andalucía, Madrid, Cataluña, Murcia y Galicia- y la abstención de otra -Castilla y León- fue dejar
abrir estos establecimientos hasta la una de la madrugada, sin poder servir más allá de las doce de la noche, además de otras restricciones de aforo.
Ocio nocturno
Además, modifica el apartado que aludía al ocio nocturno: si antes solo se permitía su apertura hasta las 2.00 horas, ampliable a las 3.00, en zonas de hasta nivel 1 de alerta, en el borrador incluye también a las que están en el nivel 2. En la actualidad, solo País Vasco y La Rioja se sitúan por encima en el nivel 3."La apertura de los locales de ocio nocturno
se podrá autorizar cuando la situación epidemiológica de la unidad territorial de referencia para el control de la COVID-19 de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre el local esté fuera de los niveles de riesgo o en los niveles de alerta 1 y 2, de acuerdo al documento 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19'", recoge el borrador.Por último, añade un párrafo para especificar que las medidas acordadas "podrán serán objeto de revisión y flexibilización a medida y en consonancia con la evolución de la pandemia del COVID-19".El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, asegura que "
el ministerio busca consenso y trata de evitar la judicialización del proceso". "Sería una pena que vaya a depender de las autoridades judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes", añadió.De forma que "si no se pueden aplicar las medidas por motivos judiciales, se buscarán alternativas lo más consensuadas posibles", avanzó.