La pugna entre Salud Pública y Totisa Holdings no termina de llegar a su fin. Como publicó Atlántico Hoy hace unos días, la empresa remitió un escrito al Gobierno para exponer su rechazo al informe que alertaba de las consecuencias negativas sobre el medioambiente que podría generar la planta de gas licuado que la compañía quiere construir en el Puerto de La Luz. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha sido clara este martes: “Tendremos que acatar lo que dicen los especialistas”.
Monzón se pronunció tras ser preguntada al respecto por este periódico durante una rueda de prensa en el Hospital Doctor Negrín. “Salud Pública en su informe recoge que hay determinados factores que podrían no ser saludables para la población y tendremos que acatarlo”, insistió.
Contaminantes atmosféricos
El documento emitido en mayo de 2023 detalla por qué la iniciativa de la empresa podría suponer un riesgo para los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria. Un ejemplo es que “el estudio de dispersión de contaminantes atmosféricos que se ha presentado no cumple los requisitos mínimos para su consideración”.
La consejera aseguró que desconoce qué ha dicho la compañía, pero recalca que ellos tienen un informe ambiental que lo hace Salud Pública. “No sé las declaraciones que ha hecho Totisa al respecto”, indicó.
Competencia del Gobierno
Este medio ha querido conocer también el punto de vista de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP). Las fuentes consultadas sostienen que se va a esperar "hasta que el Gobierno de Canarias termine con los trámites ambientales, que son sus competencias".
"El Puerto", aseveran, "lleva esperando por esto bastante tiempo y seguirá así hasta que se cierre toda la cuestión ambiental al respecto".
"Falta de objetividad"
La compañía considera que el autor del informe redactado por el Ejecutivo ha incurrido “en una consistente falta de objetividad”. Considera que “en vez de dedicarse a su fin esperado”, redactó un documento instrumentalizado con el objetivo de no aprobar el proyecto si está localizado en el puerto.
“Para ello, se ve necesariamente obligado a ignorar los informes redactados por terceros que demuestran que el proyecto facilita la reducción neta de emisiones”, resaltan desde la empresa que es propiedad de Alejandro Peñafiel.
Ubicación
“Por tanto”, continúan, “no podemos aceptar este argumento en la medida en que se basa en conclusiones de un informe que consideramos fallido”. La planta de gas licuado estaría ubicada entre la zona de aguas de la Dársena de La Esfinge y la parte exterior del Dique Reina Sofía del Puerto de La Luz.
La empresa también difiere de lo expresado por la Asociación Cívica Gran Canaria Renace, quien dijo que la capital de la Isla no podría digerir las actividades que desarrollaría la iniciativa.
Datos del proyecto
“Dado que tenemos la responsabilidad profesional de circularnos en el ámbito de la rigurosidad, objetividad y de la seguridad jurídica, la cuestión se reduciría a determinar qué efecto tiene un proyecto en esa capacidad de digestión, si es que este es un parámetro objetivable”, subraya el texto.
La planta generará 70 megavatios de electricidad y supondrá una inversión por parte de Totisa de 39 millones de euros. La empresa cuenta con la conseción demanial de una superficie de 14.440 metros cuadrados en los rellenos de la Dársena de la Esfinge, 38.226 metros cuadrados de lámina de agua en la Dársena de La Esfinge y 2.312 m2 de canalizaciones subterráneas en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.