El Ministerio de Sanidad dará luz verde este viernes al Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 aun sin el consenso de las comunidades, que en su gran mayoría han criticado el procedimiento empleado y por ello han evitado votar su adhesión total o parcial a la estrategia. Lo hará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que arrancará a las 10:30 horas con las posturas definitivas de las comunidades sobre el PIT aún en el aire, pero que saldrá en cualquier caso "aunque el PP no apoye", según advirtió el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
Ayer, cuando vencía el plazo para votar su adhesión total o parcial al plan, solo Cataluña, Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias trasladaron a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio su postura, informaron a Efe fuentes de este departamento y de las distintas consejerías. El resto optó por no emitir su voto para formalizar su adhesión por rechazar el procedimiento utilizado por Sanidad para sacar adelante el plan mediante un acuerdo de cooperación, que implica que las autonomías se pueden sumar total o parcialmente a sus puntos, en cuyo caso tienen que especificar con cuáles discrepan.
Espacios sin humo
Para estas comunidades, el sistema "excede" las competencias de la Comisión de Salud Pública, según resumía la directora general del ramo en Madrid, Elena Andradas, en la respuesta que dio a Sanidad. "En esta sede no se debería votar la adhesión o no a un acuerdo de cooperación, que es lo que solicitan en su correo electrónico, al exceder de las funciones atribuidas reglamentariamente a este órgano", exponía.
Muchas se han quejado de que el Ministerio no delimite los espacios sin humo, algo que dejará para el futuro paquete legislativo que pretende iniciar "ya" sacando a consulta pública "muy pronto" una iniciativa que introduzca el empaquetado genérico. También se han lamentado de que se descarte la autorregulación de esos espacios, que reclamaban Galicia, Madrid, Aragón o Extremadura, entre otras, para optar por la prohibición, algo que Gullón justificó en que está más que demostrado que "los acuerdos voluntarios en salud pública funcionan muy mal".
Y de que no se acompañe el plan de una dotación económica, según criticaron Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha o Murcia, si bien el texto definitivo añadió un párrafo para aclarar que se destinará anualmente una partida para que las comunidades tengan "un apoyo económico para ejercer las labores que son de su competencia". La única que hasta ahora ha expreso públicamente su adhesión al plan ha sido Navarra, aunque lo hará "con todas las cautelas", señaló el consejero de Salud, Fernando Domínguez.