España pretende seguir avanzando en la lucha por dignificar a las víctimas del franquismo con la entrada en vigor este viernes de la Ley de Memoria Democrática. La norma que se aprobó en el Parlamento el pasado 5 de octubre tiene como principal objetivo buscar a las personas desaparecidas después de haber sido asesinadas por la dictadura. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de San Lorenzo comparte esa tesis, pero quiere que se reconozca “el caso de un pueblo entero que fue anexionado a punta de pistola”.
Juan Francisco Santana, uno de los miembros fundadores de la asociación cuenta que, hasta 1937, San Lorenzo era un municipio soberano. Ese año, en plena guerra civil española comenzó la anexión de la zona a Las Palmas de Gran Canaria. Una unión que sigue vigente en la actualidad. Un miembro de la entidad cuenta que el por aquel entonces gobernador civil y alcalde saliente de la capital de la isla, Antonio García López, asesinó a los cinco representantes políticos de San Lorenzo “para que la población callara y tuviera miedo”.
Desconfianza en la Ley
En la entidad existe mucha desconfianza en la norma publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la sospecha de que vuelva a ocurrir lo mismo que aseguran que pasó con la Ley de Memoria de 2007. “No tenemos ninguna garantía sabiendo que la anterior ha pasado por encima. Queda muy bien, pero no es democrática”, asevera otro miembro, y agrega que “el hecho de que tenga la palabra democracia no quiere decir que sea demócrata el planteamiento y la ejecución de esa ley”.
También critica al Cabildo de Gran Canaria porque “ellos tenían las competencias en la segregación de municipios, pero todo ha sido oponerse y poner problemas”. Al Ayuntamiento Capitalino se dirige diciendo que es el que se está beneficiando hoy en día de esa anexión con las construcciones que se están realizando en el entorno de Tamaraceite.
Volver a ser un municipio
Santana, que también es doctor en historia, relata que la anexión se hizo efectiva por el régimen de Franco desde el 1 de enero de 1940, pero que se produjo por intereses económicos que tenían en Las Palmas de Gran Canaria. “Nosotros representamos a un pueblo que fue humillado y silenciado con la fuerza de las armas”, destaca.
El historiador pide que el barrio recupere la condición de municipio que perdió hace más de ochenta años porque en su momento no hubo un acuerdo que avalara lo que ocurrió. “Queremos recuperar la condición de municipio, o por lo menos, hablar y llegar a acuerdos”, dice, y añade: “El problema está en cuando no se quiere hablar”.
Laboratorios de ADN
La de San Lorenzo no es la única entidad en relación con este asunto en Gran Canaria. La Asociación por la Memoria Histórica en Arucas nació, al igual que la Ley que se estrena hoy, para recuperar a los desaparecidos. “Queríamos rescatar a los cuerpos de esos sitios que por tradición oral lo sabíamos y ahí hemos demostrado lo que sabíamos”, dice su presidenta, Pino Sosa.
Uno de los puntos que recoge la nueva norma es la creación de laboratorios de ADN donde se pueda cotejar las muestras de los restos encontrados con los familiares que quieren dar sepultura a sus padres y abuelos. Sosa explica que en Arucas ya cuentan con esto desde el año 2007, “lo lleva el doctor Antonio Pesano y esto ha permitido que la gente haya podido sacar de los pozos a sus familiares”.
La Ley de Memoria Democrática también incluye la ilegalización del régimen franquista, algo que Sosa considera que es necesario. “De abrir viejas heridas, nada. Las cierra, porque estamos pidiendo que los muertos vayan a los cementerios no estén en las cunetas ni en los pozos. Y en cuanto a la ley, vamos a ver cómo se va desarrollando poco a poco”, concluye.