La Asociación Salvar el Puertito de Adeje ha informado este miércoles de la absolución de una de las activistas de Cuna del Alma después de que el denunciante haya retirado la denuncia, en la que ambas partes se acusaban mutuamente de agresión.
Este martes el juzgado número 3 de Arona acogió dos de los juicios "por delitos leves" en los que los activistas que acamparon en los terrenos de la construcción del complejo turístico se han visto envueltos. Según la nota, una de estas causas fue suspendida debido a que una de las pruebas principales, un vídeo, no se pudo visualizar correctamente.
En la segunda de las causas, la activista que había sido denunciada resultó absuelta, después de la retirada de la denuncia por parte del denunciante, que también estaba acusado de agresión, según el comunicado. "Los testigos aseguran que estaban presentes cuando el denunciado dijo que iba a autolesionarse para provocar la denuncia. En los vídeos que la activista presentó no se observa que exista esa lesión. No obstante, tanto la activista como el trabajador de la empresa de seguridad accedieron a retirar la denuncia para no perjudicarse entre sí", indica la nota.
Polémica de Cuna del Alma
Ambos hechos por lo que se ha celebrado el juicio se remontan a dos de los episodios violentos sufridos por las personas acampadas, el pasado verano, durante las acciones de protesta pacífica que tuvieron lugar en El Puertito de Adeje, en ambos casos, para evitar la destrucción de ejemplares de flora protegida, debido a la construcción del macroproyecto urbanístico Cuna del Alma, de 420 viviendas de lujo.
Actualmente la construcción está paralizada por tres órdenes de paralización cautelares distintas por motivos medioambientales y patrimoniales, tal y como señala la nota. Asimismo, al proyecto se le han abierto dos expedientes sancionadores: uno, por atentados contra el patrimonio arqueológico (hasta 600.000 euros) por parte de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y, otro, por carecer del preceptivo documento de Evaluación de Impacto Ambiental (hasta 110.000 euros) por parte de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. La Consejería de Transición Ecológica ha puesto de manifiesto la ausencia de dicha evaluación, requisito imprescindible según ha manifestado la propia Comisión Europea para un proyecto de estas características.