“A partir de marzo, las familias comenzarán a cobrar las primeras nóminas de la Renta Canaria de Ciudadanía, alcanzando el medio millar de unidades familiares en la primera fase de implantación de la herramienta”, anunció este viernes la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo canario, Noemí Santana, en el transcurso de una jornada informativa sobre la Renta celebrada en Puerto del Rosario con concejalas y técnicas de servicios sociales de los municipios de Fuerteventura.
“La Renta de ciudadanía supone un auténtico avance con respecto a la Prestación Canaria de Inserción”, enfatizó, “no solo porque se llegará a más población al ampliar los perfiles de las personas que se pueden beneficiar de esta renta sino porque, además, la cuantía de la renta es mayor que la PCI y contempla una seria de complementos, como los de vivienda, rentas de trabajo, a las pensiones no contributivas y a los estudios, que ofrece una mayor garantía de protección para las familias en situación de vulnerabilidad”.
Menos carga en la gestión para los ayuntamientos
En su intervención, Santana recordó que “a partir de ahora los ayuntamientos no tendrán la carga administrativa para la gestión de esta renta que la asume la comunidad autónoma lo que permitirá a los equipos sociales municipales de trabajar en los itinerarios de inclusión de los perceptores de esta renta”.
Además, la responsable regional hizo hincapié en el incremento de la financiación en el año 2023 a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria y el programa de prestaciones básicas de servicios sociales, que este año contará con más de 42 millones de euros, más del doble la financiación en 2019, cuando los fondos para este programa era de 18,3 millones de euros. En el caso de Fuerteventura, está isla recibe en los últimos años más de 1,5 millones dentro de este plan.
Atención para las familias
Hay que recordar que a través de estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son, entre otros, la PCI, los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.