Las oficinas de vigilancia fiscal e importación ubicadas en el Aeropuerto de Gran Canaria necesitan una reforma interior porque están desfasadas, pero la Agencia Tributaria regional no encuentra ninguna empresa que quiera desempeñar las obras. El anuncio para que las compañías presentaran su candidatura a la licitación se publicó el pasado 17 de mayo. Un mes después, el 14 de junio, la mesa de contratación dio fe de que nadie había propuesto una oferta. Pasaron dos semanas hasta que la directora del organismo —por aquel entonces todavía en búsqueda de candidatos—, Raquel Peligero, se resignó a declarar desierto el procedimiento.
El contrato salió a concurso público por un importe de 196.103,44 euros y el plazo de ejecución planteado era de seis meses. Los trabajos tienen su razón de ser, según explica la Agencia Tributaria en el pliego de condiciones técnicas, por los déficit ocasionados a raíz de los problemas estructurales en la oficina que está en la primera planta de la terminal de carga. “Y más teniendo en cuenta que las instalaciones actuales tienen más de 20 años, a unos estándares actuales, en cuanto a calidad o confortabilidad”, desarrolla. Además, coincide con los planes de reacondicionar los centros tanto de trabajo como de comunicación.
Espacio para la plantilla
Entre los objetivos que tienen está dar una adecuada cabida a la actual plantilla, así como a nuevas incorporaciones que se van produciendo por procesos selectivos de personas; o dotar a los trabajadores de la Agencia de espacios de trabajo amables, eficientes, ordenados, espaciosos y luminosos que influyan en su bienestar.
La cosa no queda ahí porque se proponen revisar y actualizar todos los equipos en los edificios donde desempeñan su actividad, “adaptándolos a todas las exigencias básicas de calidad que deben cumplir en relación con los requisitos de seguridad, accesibilidad, funcionalidad, confort y habitabilidad”.
Mejorar la calidad del aire
Tampoco dejan de lado la transición ecológica con el propósito de convertir las sedes en referentes de gestión medioambiental. Proponen soluciones como reducir el consumo energético, aminorar la huella de carbono, mejorar la calidad del aire o aumentar el autoconsumo. La tecnología está en sus pensamientos, por lo que quieren trabajar para que mejore la accesibilidad de los espacios para hacerlos más inclusivos para todo tipo de ciudadano con “espacios capaces de adaptarse a nuevas circunstancias”.
Otra de sus iniciativas está en automatizar la seguridad, “siendo capaces de detectar problemas incidentes o tomar las mejoras y más ágiles decisiones”; así como “optimizar la coordinación de emergencias ante incidentes” o control del acceso y los movimientos. Ven oportuno controlar los espacios, “acercando la posibilidad de gestionar a los ciudadanos o trabajadores, para generar ahorros de costes de mantenimiento y en la ejecución de servicios de las instalaciones”.
Los costes
Ven oportuno hacerlo “mediante la automatización robótica, la identificación de funcionamientos defectuosos, la mejora del uso de equipos y la conexión interna del edificio —sensores, actuadores, ocupantes, espacios físicos, etc; así como la conexión con otras edificaciones de la smart city—”. Merece la pena resaltar que el local se encuentra en la planta alta de la terminal de carga de la Agencia Española de Navegación Aérea en Gando, concretamente en el municipio de Ingenio. La superficie es de, aproximadamente, 191,50 metros cuadrados. La planta baja está destinada a mercancías y la primera a uso de oficinas.
El presupuesto base de licitación se obtiene de los costes directos, que ascienden a 150.224,79 euros; los indirectos generales, por 24.035,97 euros; y el beneficio industrial valorado en 183.274,24. Las empresas que hubieran querido postularse tendrían que haber garantizado solvencia económica —a través del volumen anual de negocios— y técnica —esta última tiene relación con disponer de un jefe de obra, un técnico, un encargado y un especialista en prevención de riesgos laborales—.