Los rectores de las universidades públicas de Canarias han denunciado este miércoles que el texto actual con el que el Parlamento de Canarias quiere regular la actividad de los consejos sociales provocará una “injerencia” sobre la independencia de las universidades y supondrá un riesgo para su autonomía, al dotarle de mayor potestades en el funcionamiento universitario.
El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, y su homólogo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra, han comparecido este miércoles en el Parlamento de Canarias con motivo de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de modificación de la ley 11/2003 de 4 de abril sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. Una tramitación necesaria y obligatoria para adaptar estas instituciones a la situación actual.
Tramitación
Según han planteado los rectores, la norma que se tramita actualmente en la cámara regional dota de unas funciones mayores a los consejos sociales, sobrepasando las funciones que dota la ley estatal. El borrador plantea que esta figura funcione como una ‘cámara’ de lectura previa de los dictámenes universitarios, o incluso puedan aprobar formaciones y firmar convenios.
Tal y como explicó García, le preocupa la posible “erosión” del principio de autonomía universitaria, que está consagrado en el artículo 27.10 de la CE. “No es un privilegio”, ha señalado, sino que “se necesita un espacio de neutralidad que no dependa de los poderes públicos para que actúen sin injerencia”.
Menos rapidez
Además, ha señalado que le preocupa la necesidad de agilizar la gestión universitaria. “Necesitamos tomar decisiones con más rapidez para responder a la necesidad de actuar en un mundo que va a mucha velocidad”. “Nos tememos”, ha avisado, “que la regulación pueda afectar a esa rapidez”, ante lo que ha señalado que los consejos sociales pueden ser parte de la solución pero no quieren que sea un problema añadido.
Por su parte, Serra, ha señalado que la proposición actual pretende ampliar las funciones de los consejos sociales hasta el punto de “obstaculizar el adecuado funcionamiento de las actividades propias de las universidades”. “El origen de la autonomía universitaria en España es el resultado de un largo proceso histórico marcado por procesos políticos, sociales y educativos”, ha explicado Serra, quien ha añadido que esa autonomía es un derecho fundamental y que corresponde al legislador su
Enmiendas
Ante el rechazo del texto, las universidades han propuesto una serie de enmiendas al texto. Una de ellas, según ha explicado García, es al artículo 1 bis que establece que el consejo social tiene la condición de órgano de contratación y al punto cinco bis, que dice que el consejo podrán suscribir convenios con universidades, “en ambos creemos que se cuestiona la personalidad jurídica única de la universidad”, valora.
Otra de las enmiendas se centra en pedir que los informes del consejo social sigan siendo con carácter general no vinculante, así como aclarar que este órgano debe participar en la estructura jerárquica. “Ahora mismo como está planteado se habla de que el consejo social funcionará con plena autonomía, sin participar en la estructura jerárquica”, rechaza García.
Entre las modificaciones que plantean están las que se corresponde con la programación docente, clarificar la competencia de organizar actividades formativas o al respecto de la competencia de informar favorablemente sobre el cese de la figura del gerente, “estas son decisiones que trascienden el marco que la propia normativa le da a los consejos sociales”, opina el rector de la ULL.
Modificación
Los partidos representados en el Parlamento de Canarias han acogido de forma positiva las propuestas de los rectores, y aseguran que incorporarán las medidas propuestas, aunque cada partido ha matizado su propuesta, especialmente Coalición Canaria y Partido Popular, que han defendido el texto actual.
Serra ha incidido en que necesitan agilidad, una ayuda en la gestión de los títulos, y ha denunciado que están sufriendo retrasos en la acreditación de másteres, en concreto de uno en protección radiológica ambiental. Además ha señalado que con el texto actual se ha “perdido una oportunidad de afrontar una regulación de las universidades en su conjunto y no solo el consejo social”. Asimismo ha finalizado su intervención apuntando que “si convertimos los consejos sociales en instrumentos que nos permitan mejorar nuestra relación con la administración y mejorar los procesos ahí si vamos a aplaudir”.