Este lunes se ha llevado a cabo el volcado de la información del teléfono del administrador de la empresa RR7, Rayco Rubén González, que está siendo investigado por el 'caso Mascarillas'. El móvil fue entregado el día de su declaración ante el juez de instrucción y permanecía precintado y custodiado por los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en dependencias de la Jefatura Superior de Canarias. El contenido del móvil va a ser ahora analizado por esa unidad, que fundamentalmente se centrará en todos los whatsapps que se intercambiaron el ya exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, posibles intermediarios, testigos y el propio Rayco. La información que contenga el teléfono pasará a continuación al Juzgado de Instrucción Nª7 de Las Palmas de Gran Canaria.
González compareció el pasado 27 de octubre por voluntad propia ante el titular del mencionado juzgado, Francisco Javier García García-Sotoca, para rectificar su declaración inicial ante el fiscal, al que había negado haber tenido relación directa con Domínguez. En presencia del juez sí admitió haber mantenido una comunicación fluida con el director del SCS. Y para demostrar ese vínculo, entre él y su abogado, el melillense Rachid Mohamed, leyeron en sede judicial una veintena de whatsapps que ambos intercambiaron entre mayo y agosto de 2020 relacionados con la oferta que su empresa presentó a la administración pública para entregar un millón de mascarillas a cambio de cuatro millones de euros.
Esa declaración le costó el puesto a Conrado Domínguez, que el jueves pasado presentó su dimisión "a fin de poder mantener" sus derechos de defensa, según señaló en una carta de renuncia enviada al consejero de Sanidad, Blas Tujillo. Domíngues decidió presentar su carta de renuncia después de mantener una reunión con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres y a sabiendas de que su cese se iba a firmar en el posterior Consejo de Gobierno.
Esta semana declaran tres familiares
Justo después de estar presente en el volcado de su teléfono, Rayco González tuvo que acercarse hasta los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria para firmar por primera vez desde que el juez le impusiera esa condición y la retirada del pasaporte para mantener su libertad. El próximo viernes 11 de noviembre, tres familiares de Rayco González están citados a declarar como investigados ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de su madre, su esposa y el primo del dueño de RR7 United.
Los investigadores de la UDEF creen que Rayco González, después de cobrar los cuatro millones de euros del SCS, trató de esconder 1,35 millones de euros. Para ello presuntamente utilizó dos empresas: Yimbo 7 Inversiones SL, que está a nombre de su primo (con la que adquirió en Milán tres Lamborghini, un Bentley y un Mercedes a cambio de 742.000 euros); y Berabemar 2017 SL, en la que aparece su madre. La querella de la Fiscalía Anticorrupción califica los movimientos bancarios como "simuladas operaciones de préstamos societarios a empresas que están bajo su dominio", aunque Rayco insistió ante el juez en que eran préstamos reales que se iban a devolver.