El empresario Miguel Ángel Ramírez confía plenamente en su "inocencia" del presunto fraude millonario a Hacienda y la Seguridad Social a través de Serguridad Integral Canaria. El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas no cree que se falle en su contra. "Confío muchísimo en mi inocencia y no atisbo una sentencia en contra. He tenido un juicio justo, donde he podido dar todas las explicaciones que creía oportunas. Espero haber convencido al tribunal de mi inocencia y respetaré su decisión", ha afirmado en una rueda de prensa.
Ramírez se enfrenta a una condena de 21 años de cárcel. No obstante, pese a su seguridad, cree que se tardará años en que la sentencia sea firma pues quien pierda "va a recurrir".
Seguir en la UD
“Quiero declarar”. Con estas palabras del empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, comenzaba la jornada más esperada del juicio contra él y Héctor de Armas el pasado 19 de julio. Las versiones de uno y de otro fueron totalmente contrapuestas. Ramírez trató de defender su inocencia con una actitud más nerviosa de la que había mostrado en la sala desde que empezó el juicio hasta el punto de que el juez le pidió que bajara el tono.
El dirigente del club isleño asegura que en los próximos meses no tendrá problemas para seguir ejerciendo su actual cargo de presidente de la UD Las Palmas. Ahora bien, ha admitido que si algún día una sentencia le inhabilita como gestor de una empresa, no podría seguir al frente del club de fútbol, si bien entiende que no sería incompatible con seguir como máximo accionista de esa entidad deportiva.
El caso
Ramírez fue denunciado por un presunto delito contra la Seguridad Social. La Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y la Unión Sindical Obrera (USO) lo acusan a él y a Héctor de Armas de recurrir de forma sistemática a una serie de “ficciones” en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de 2008. De Armas sustituyó al empresario en el cargo de administrador único en 2011. Sin embargo, Ramírez con el 91,4% de las acciones de la empresa, presuntamente la seguía gestionando.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, asegura que Miguel Ángel Ramírez cometió cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social y solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa. La Fiscalía acusa a Héctor de Armas de haber cometido tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social y pide la pena total de 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa.