La reunión que tuvo lugar este viernes en la sede de la COAG, en Las Palmas de Gran Canaria, acabó con un adelanto de la Asamblea Regional para elegir a un nuevo presidente. La decisión viene marcada por el expediente que tiene abierto Rafael Hernández, la persona que está al frente en la actualidad, por, presuntamente, haber usado a menores migrantes para que trabajaran en sus fincas privadas. Por el momento no está confirmado si él se presentará para revalidar el cargo.
Hernández llegó al edificio en torno a las 10:00 horas y no fue hasta pasado el mediodía cuando informaron a la prensa de lo que habían deliberado. El presidente de la COAG, que por el momento ha decidido no dimitir, ha explicado que la información que ha trascendido en los medios no tiene relación con la entidad y lo considera un tema aparte.
Sin fecha exacta
La COAG ha redactado un comunicado donde detallan que, “valorada la situación actual que está viviendo en estos momentos la entidad, se ha decidido adelantar la celebración de su Asamblea Regional, que estaba prevista para 2025, a este año 2024”. Aún no está claro si se producirá en breve o a lo largo de los próximos meses.
“De este proceso”, dicen, “saldrá la nueva Comisión Ejecutiva que liderará la entidad a partir de ese momento”. El encuentro que tuvo lugar en el número 2 de la calle Miguel Sarmiento duró varias horas en la que abordaron este asunto y probablemente otros porque al parecer ya estaba agendado desde hacía tiempo. Incluso antes de que se conocieran los presuntos hechos que giran en torno a Hernández.
Relación con Torres
A pregunta de este medio, desmintió las acusaciones que se han hecho hacia su persona, apuntando que lo que se pretende es perjudicar tanto a él como a Ángel Víctor Torres, con el que se presentó que mantiene una amistad. “Tengo una relación con Torres como con el presidente actual o con todas las autoridades. Lo propio de la cuestión institucional”, subrayó.
Volviendo al tema del que se le acusa, recalcó que los menores -acogidos en un centro dirigido por su hija- no se encontraban trabajando, sino realizando un curso de formación básica en agricultura. Este programa “llegó hasta 120 niños de diversos centros”, afirmó. Hernández aseguró que parte de esos cursos contemplaban horas prácticas y que los menores se encontraban acompañados por un monitor de la empresa cuando fueron avistados por la Inspección de Trabajo.