Una demanda presentada el pasado 9 de octubre pide que la asociación Oportunidades de Vida, ONG dirigida por Rafael Hernández —presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG)—, entre en concurso de acreedores. La denuncia ha sido registrada por un procurador de los Tribunales y una trabajadora de la entidad. El documento hace referencia a la imposibilidad de que la asociación encabezada por Hernández haga frente al pago del salario de los trabajadores como adelantó Atlántico Hoy a principios de este mes.
En una respuesta formal a una empleada, la empresa le aseguró que no podía hacer frente al abono de las nóminas porque la justicia ha paralizado las cuentas de Oportunidades de Vida. Cuenta con el dinero intervenido por la causa que tiene abierta Hernández por, presuntamente, haber empleado en sus fincas privadas a menores migrantes que se alojaban en el centro Tagoror —dirigido por su hija—. Las instalaciones fueron desalojadas en agosto por la Policía Autonómica tras una orden del juez.
Bloqueo de fondos
“Tal y como se demuestra en el escrito de contestación emitido por el deudor, resulta probado que no solo ha incumplido sus obligaciones salariales con mi mandante, sino que lo han hecho con todos los trabajadores de la Asociación, alegando bloqueo de fondos por orden judicial”, refleja la denuncia.
Además, pone sobre la mesa que según lo que se ha podido conocer en los medios de comunicación, “se encuentra abierto, al menos, un procedimiento penal contra los gerentes de la entidad deudora, por supuestos delitos de trata de persona menores tuteladas y falsedad documental, que puede haber motivado la cancelación de las subvenciones públicas con las que desarrollaban a su actividad y, entre otras obligaciones, empleaba al personal laboral que ahora no cobra sus salarios”.
"Una difícil situación"
En el texto se detalla que resulta evidente que concurren los requisitos necesarios para poder instar el concurso necesario. Se trata de un procedimiento jurídico para resolver los problemas de insolvencia y falta de liquidez de un negocio. Así, una parte de los acreedores puede cobrar y por otra se trabaja en la búsqueda de soluciones para conseguir la continuidad del negocio y evitar la quiebra.
La realidad de Oportunidades de Vida es complicada hasta tal punto que, como adelantó este diario, 66 trabajadores de los 68 para los que se había solicitado un ERTE —petición que, al parecer, quedó denegada y ahora la ONG lo ha recurrido— se quedarán en la calle durante un año —hasta el 15 de octubre de 2025— con suspensión de contrato porque la entidad no ha visto otra salida. “Le manifestamos nuestra plena confianza en que podremos superar esta difícil situación”, dijo la empresa a un trabajador en una respuesta formal.
Presunta deuda
“Y es que no solo se nos ha privado del contrato y de su financiación, sino que al procederse al desalojo del centro, se ha desprovisto a los trabajadores de la oportunidad de prestar sus servicios que consisten, como hemos dicho, en la atención integral de estos menores extranjeros no acompañados durante su estancia que, en la mayoría de los casos, era permanente hasta que cumplían los 18 años”, dice por otro lado.
La denuncia presentada el 9 de octubre también tiene el objetivo de pedirle a la asociación dirigida por Hernández que le pague a la trabajadora 5.478,25 euros que supuestamente le debe “por los salarios, festivos trabajados, horas extras trabajadas y vacaciones no disfrutadas”.