Oportunidades de Vida, la ONG dirigida por Rafael Hernández —el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en el Archipiélago—, deja en la calle a 66 trabajadores de la asociación durante un año. La suspensión del contrato se hizo efectiva el pasado 15 de octubre y estará en vigor hasta el mismo día de 2025. Así lo ha confirmado la entidad en un documento al que ha tenido acceso Atlántico Hoy.
El texto está dirigido a uno de los empleados para anunciarle que su contrato había quedado suspendido “por causas productivas y económicas que en el momento actual impiden su mantenimiento”. La compañía asegura que han estudiado todas las opciones posibles y que la decisión adoptada es la más viable tanto para la continuidad de la empresa como para los puestos de trabajo, así como la menos gravosa para los trabajadores.
Causa judicial
Todo parte del desalojo que ejecutó la Policía Autonómica el pasado mes de agosto en el centro Tagoror, unas instalaciones que Oportunidades de Vida gestionaba para acoger a menores migrantes. Los agentes se personaron frente al edificio, ubicado en el barrio de El Fondillo (Las Palmas de Gran Canaria), para sacar de allí a los jóvenes por orden judicial. La actuación está relacionada con la causa abierta que tiene Hernández por, presuntamente, haber empleado a varios de esos chicos en sus fincas privadas de Tafira y La Aldea de San Nicolás.
La ONG, en el escrito enviado al trabajador, detalla que “como es públicamente sabido por haber tenido una gran repercusión en la prensa escrita de esta provincia, por motivo de un proceso penal que se inicia como consecuencia de una actuación de la Inspección de Trabajo, el pasado día 12 de agosto, se ha desalojado el centro por parte del Gobierno de Canarias, con el auxilio de la Policía Canaria, por expresa orden del Juzgado de Instrucción número tres de esta ciudad”.
Sin fondos
La entidad dirigida por el presidente de los agricultores y ganaderos canarios expone que a partir de ahí se ordenó a la Administración la suspensión de actividades de trabajo con menores y la dotación de financiación para este fin respecto a Oportunidades de Vida. Fue acordado en un auto fechado el 15 de julio de 2024. A partir de ahí, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo regional dictó una resolución el 12 de agosto que lo cambiaría todo.
Según relata la asociación en el documento enviado al empleado, el área dirigida por Candelaria Delgado decidió suspender el contrato con Oportunidades de Vida para la prestación del servicio de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados. Pero no solo eso, sino también acabar con cualquier tipo de dotación financiera para la atención de los chicos —unido a una tarea de, como publicó este periódico en su momento, reubicarlos en otros hogares de la entidad pública—.
Causa de fuerza mayor
“Procediéndose el indicado día a desalojar a los menores que allí se encontraban, estando desde entonces el mismo vacío, y por lo tanto el personal de esta asociación que prestaba sus servicios en el mismo, sin ocupación alguna y con imposibilidad de hacer frente a los gastos de dicho personal”, continúa.
Oportunidades de Vida establece que se trata de un contexto en el que existía una causa de fuerza mayor impuesta por una orden judicial en medio de un procedimiento con una duración incierta. “Pero que atendido el secreto de las actuaciones y la complejidad de las que se investigan, entendemos que habrá de alargarse, al menos durante un año, del que ya han transcurrido al menos tres meses, que sepamos, desde el inicio del expediente judicial sin que se haya alzado el indicado secreto de las actuaciones”, sentencia.
Un ERTE
La consecuencia ha sido, según la ONG, que no sea posible el mantenimiento del empleo sin los debidos recursos económicos, que han quedado reducidos a cero. La entidad de Hernández, como adelantó también este medio, solicitó a la Autoridad Laboral un ERTE para la plantilla, pero al parecer le ha sido denegado por no existir “causa de fuerza mayor”. La decisión sorprendió a Oportunidades de Vida y por eso lo han recurrido.
“Y es que no solo se nos ha privado del contrato y de su financiación, sino que al procederse al desalojo del centro, se ha desprovisto a los trabajadores de la oportunidad de prestar sus servicios que consisten, como hemos dicho, en la atención integral de estos menores extranjeros no acompañados durante su estancia que, en la mayoría de los casos, era permanente hasta que cumplían los 18 años”, explica.
La plantilla
Además, refleja que cuando se atiende a las categorías profesionales del personal a cargo de la asociación, el 95% tiene relación directa con la actividad de guarda y cuidado de los menores. Algunos ejemplos son monitores, educadores, psicólogos, personal de limpieza y cocina o auxiliares sociales. “La empresa se encuentra personada e impugnando todos los actos tanto judiciales como administrativos que impiden la actividad de la misma”, dice. “Sin resultado a día de hoy, siéndole imposible sostener la situación actual por falta absoluta de liquidez”, apostilla.
Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre los empleados no pudieron cobrar su salario, “por lo que se hace urgente la adopción de la medida contingente que se interesa en este momento de suspensión de los contratos de trabajo, a fin de que los trabajadores puedan cobrar el desempleo”. Al empleado para el que redactaron la misiva le dicen que esperan por su parte comprensión por el momento decisivo al que se enfrentan.
“Le manifestamos nuestra plena confianza en que podremos superar esta difícil situación. Se le significa que, a partir de este momento deberá usted acudir al Servicio Público de Empleo estatal a fin de solicitar la prestación o subsidio que pudiera corresponderle, si fuera ello de su conveniencia”, culmina.