Rafael Hernández, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en el Archipiélago (COAG), ha pedido un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a la Autoridad Laboral para Oportunidades de Vida —la asociación que dirige—. La decisión coincide, aunque este periódico no ha podido confirmar que tenga relación directa, con el desalojo por orden judicial del antiguo colegio Camilo José Cela, instalación donde la ONG tenía acogidos a unos 120 menores migrantes.
El edificio está ubicado en el barrio de El Fondillo (Las Palmas de Gran Canaria), por orden judicial. La intención de Hernández de que sus trabajadores se vayan al ERTE ha sido confirmada a Atlántico Hoy por fuentes de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, área donde está adscrita la Dirección General de Trabajo, el órgano que tiene la última palabra.
El desalojo
El procedimiento todavía está en trámite, por lo que los empleados tendrán que seguir esperando para conocer si la resolución será favorable. Para dar más contexto, el pasado 12 de agosto, agentes de la Policía Autonómica se desplazaron hasta el antiguo colegio en la capital grancanaria para desalojar a los jóvenes que estaban allí.
Aunque en abril el Ayuntamiento de la ciudad emitió una orden para que la entidad abandonara el centro, la presencia de los agentes no tuvo que ver con la resolución del Consistorio, sino que estuvo vinculada a una decisión del juzgado.
El juicio
Todo ocurrió a raíz de la causa que tiene abierta el representante de los agricultores y ganaderos de las Islas por, presuntamente, emplear a menores migrantes en sus fincas privadas. Para conocer el principio de la historia hay que remontarse al pasado mes de marzo, cuando fue señalado por, supuestamente, hacer que chicos del centro Tagoror, dirigido por su hija, trabajaran en sus terrenos particulares de Tafira y La Aldea de San Nicolás.
A principios del pasado mes de julio, la Fiscalía de Extranjería se querelló contra él por presuntos delitos de trata de personas en concurso con explotación laboral de menores migrantes y falsedad documental. En mayo fue citado a declarar a petición de la Fiscalía, pero decidió acogerse a su derecho de no declarar.