Rayco Rubén González, administrador único de la empresa RR7 e investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales en el caso Mascarillas, estaba citado para declarar ante el juez de instrucción número 7 esta mañana, pero se ha acogido a su derecho a no hacerlo.
“Obedece a una estrategia de defensa que yo he decidido. Él tenía muchísimo interés en prestar declaración, de hecho ya lo hizo ante la fiscalía pero considero prudente que esperemos a que se tome declaración al resto de personas que están citadas, a que se incorporen todos los informes que se han ido requiriendo y una vez que tengamos todo ese material solicitaremos, en todo caso, la declaración voluntaria de Rayco”, apuntó su abogado, Rachid Mohamed, a la salida de los juzgados.
"El encargo se hizo"
La defensa de Rayco sostiene que RR7 United ha sido objeto de una estafa. ” Las mascarillas fueron compradas, el dinero no lo tiene Rayco. Eso viene en el escrito de la querella”, indicó el letrado melillense. Una de las grandes incógnitas que ha rodeado a este caso es si las mascarillas eran o no falsas. “Nosotros no tenemos ningún documento que acredite que fueran falsas, lo único que tenemos es la información que ofrece el ministerio fiscal, así que también tenemos la duda de si eran falsas o que no se podían comercializar en la Unión Europea”, afirmó el abogado de Rayco.
El problema radica en que las mascarillas acabaron destruyéndose por orden la Agencia Tributaria Española. Según su defensa, RR7 cumplió con el contrato y no intervino en el procedimiento de destrucción de las mascarillas aunque sí corrió con los gastos.
"Faltan imputaciones"
“Rayco cumplió con el encargo. Terceras personas que no están imputadas y que esperemos que sí se imputen, nombres aparecen en la querella, no lo hicieron y estafaron a mi cliente. Prefiero no profundizar mucho en el procedimiento porque si Rayco no ha declarado ante su señoría tampoco considero muy coherente que lo haga yo ahora. ante los medios. Nosotros intentaremos hacer ver al juez que existen estas personas a las que se les tiene que tomar declaración (en clara alusión al empresario grancanario Lucas Cruz, al empresario jordano Ihsan Mahmhoud Mohamed y al presunto amigo de Conrado Domínguez, Osvaldo Lastras)”, concluyó Mohamed.
RR7 sostiene que el procedimiento administrativo por el que se les concede el contrato fue completamente legal al tratarse de una contratación de emergencia perfectamente justificada. El contrato con la empresa RR7 United SL y el Servicio Canario de la Salud (SCS) se firmó el 25 de mayo de 2020. El importe de adjudicación fue de cuatro millones de euros y su objeto era la adquisición de un millón de mascarillas FFP3.
Mañana continúan las declaraciones. Están citados a las 9.30 de la mañana, los peritos y y los técnicos de la Administración así como el testigo y presunto intermediario, Samuel Machín.