Puede ocurrir que durante nuestras vacaciones en un país extranjero nos acusen de un delito y acabemos en dependencias policiales. En ocasiones, puede que incluso no supiéramos que lo estábamos cometiendo o que sí se tratara de un acto premeditado.
Es conveniente tener en cuenta que el proceder puede cambiar con dependencia del país en el que se encuentre de vacaciones el detenido, si se trata de un país europeo o no, y a razón de convenios bilaterales que puedan existir entre ambos.
Protección consular
“En los países que han firmado el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, en vigor desde 1967, las autoridades deben informar al detenido sobre la posibilidad de solicitar protección del consulado, y del mismo modo el detenido puede solicitar la protección consular”, asegura José Eduardo Marrero, director en Canarias de UNIVE Abogados.
Según Marrero, esto supone, en un sentido práctico que, el consulado proporcione: visitas a la cárcel por un funcionario consular, una lista de abogados locales, facilitar el contacto con la familia, asistencia médica y necesidades básicas (siempre que lo permitan las reglas locales).
Fundación Abogacía Española
“Aún así, resulta necesario recalcar que las oficinas consulares no se hacen cargo de los costes legales a razón del procedimiento judicial que se podría iniciar tras la detención, por lo que no hay garantía de asistencia jurídica gratuita” especifica el abogado canario.
“Además, si la detención ha tenido lugar en países fundamentalmente de América Latina y Marruecos, existen fundaciones como la Fundación Abogacía Española, que proporciona un asesoramiento jurídico-penitenciario especializado para garantizar su acceso a una defensa de calidad”, recalca el especialista.
Marrero afirma que las autoridades del país deben dar a conocer la facultad de ser trasladados a nuestro país para que, en el caso de ser condenados, se pueda terminar de cumplir las condenas en centros penitenciarios españoles.
Recursos
A mediados de la década de 1970, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recopiló en una guía un conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, con la finalidad de que los gobiernos adoptaran medidas concretas para cumplir y hacer cumplir las disposiciones que en la guía se contuviera, y que incluye la supervisión judicial de arrestos y detenciones, la explicación de los derechos que asisten al detenido, la obligación de presentar a los detenidos ante “un juez u otra autoridad” sin demora tras el arresto.
Además, el derecho a asistencia letrada, a un examen médico, a un interrogatorio, a que quede constancia de los registros y al derecho a impugnar la legalidad de su detención.
También se pueden presentar recursos por malos tratos o por actos contrarios al Conjunto de los Principios y a pedir indemnizaciones.
Inspecciones
Otra de las cosas que igual desconocemos y que nos podrían ayudar llegado el caso, es que se tiene derecho a solicitar inspecciones de centros de reclusión.
“Por último, mencionar que la principal dificultad de los presos extranjeros es conseguir medidas cautelares alternativas a la custodia en la cárcel, por lo que resulta indispensable poder disponer de un letrado especializado y conocedor del ordenamiento jurídico nacional donde radique el detenido, que puede ser puesto a disposición del preso por medio de las ya mencionadas oficinas consulares”, concluye José Eduardo Marrero.
Españoles presos
Según datos del Ministerio de Exteriores, a 31 de julio de 2023, un total de 908 españoles cumplen condena en cárceles en el extranjero; 794 hombres y 114 mujeres. El país con más presos nacionales es Francia con 169 hombres y 18 mujeres en prisión. El segundo lugar lo ocupa Alemania, donde hay 114 hombres y 15 mujeres encarcelados.
En el tercer puesto figura Marruecos, donde cumplen condena 92 hombres y 7 mujeres españoles.