Los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla desalojados por la presencia de gases continúan en la lucha porque se les realoje en sus viviendas y aseguran que ''hay una desidia'' en resolver este problema. En una nueva rueda de prensa han anunciado que van a presentar medidas cautelares urgentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Allí estuvieron presentes el presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa González, el profesor jubilado de la Universidad de La Laguna y licenciado en Química, Francisco Pulido, así como la vicepresidenta y el secretario de la Plataforma Jaraco de Puerto Naos y La Bombilla, Elena Jurado y Luis Antonio Pages.
Según los portavoces, actualmente hay 1.300 familias afectadas por la situación, y han vuelto a denunciar la ''falta de transparencia por parte de las administraciones’’ así como el ''caos'' en la información y en las decisiones que se han tomado.
Aseguran que no hay criterio científico
El presidente de la Pcalc, José Luis Langa, expresaba que Puerto Naos y La Bombilla ''sigue siendo una ciudad fantasma'' y explicó que estas medidas se presentan ''por el peligro que supone que se retrase la sentencia del recurso presentado en noviembre'' ante el Cabildo palmero.
Para Langa no hay justificación que después ''de un año y cinco meses estas personas sigan fuera de su vivienda'' y resalta así el ''impacto psicológico brutal'' que están sufriendo. También ha señalado que hay ''carencia absoluta de medios personales y materiales''.
Langa ha afirmado que las citadas medidas cautelares se han apoyado en los informes de Francisco Pulido, quien ha reiterado que su informe sustenta que ''no hay solidez ni un criterio científico objetivo para negar a los vecinos y vecinas que puedan vivir en sus domicilios''.
''Hay una desidia para resolver el problema''
El secretario de la Plataforma Jaraco, Luis Antonio Pages Rodríguez, ha asegurado que solo se han encontrado ''incongruencias'' en cuanto al por qué del desalojo apuntando que ''hay una desidia para resolver el problema''.
Por este motivo ha insistido en que la situación actual es ''de caos, falta de transparencia y una desconfianza absoluta'' para las ''miles de familias que no pueden entrar a sus viviendas'' y exige una solución. Para concluir, Langa expresó que habían solicitado una reunión con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata.
TSJC admitía la denuncia
Cabe recordar que en enero el TSJC admitía a trámite la denuncia interpuesta contra el Cabildo de La Palma por parte de la plataforma por el decreto que prohíbe a los vecinos de los núcleos afectados por la presencia de gases acceder a sus inmuebles, con la petición del expediente administrativo a fin de comprobar su legalidad.
El presidente de la institución declaraba que el objetivo del Cabildo ''no era otro que proteger la seguridad de las personas” y recordaba en ese momento que ''existían informes, tanto científicos como de Salud Pública, que desaconsejaban la vida en esas poblaciones con las concentraciones de gases actuales”.
Realojo en Los Lajones
El colectivo lleva pidiendo su realojo desde hace meses asegurando que realizan unas mediciones que muestran que la habitabilidad es posible, y el pasado abril pidieron al Gobierno de Canarias la desactivación de la alerta por la presencia de gases. Además remitieron al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, un informe con mediciones de gases acompañadas de "argumentos científicos que avalan que los vecinos y propietarios pueden volver a sus viviendas".
Este 10 de mayo se autorizaba el regreso de siete familias de Los Lajones, en Puerto Naos, a sus viviendas debido a la baja incidencia de gases. Contarán con medidor de gases y un servicio de megafonía para informar a los vecinos sobre las condiciones, con la idea de que si se constata que el sistema funciona de manera efectiva se puedan ir abriendo otras zonas en La Bombilla y Puerto Naos.
Respuesta de Involcan en diciembre
En diciembre se daba una respuesta por parte del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) a Pulido. Tras unas afirmaciones por parte del profesor asegurando que las emanaciones anómalas de dioxido de carbono ''eran de origen biogénico asociado a las aguas residuales de ambos núcleos poblacionales'', desde Involcan apuntaban que ''eran teorías sin fundamento científico'' y que dichas emanaciones ''no podía ser de ese origen''.