Un grupo de promotores inmobiliarios irá a juicio tras la denuncia presentada por una compradora a la que presuntamente estafaron. La mujer los acusa de apropiarse indebidamente de 96.161,94 euros, que supuestamente iban a ser destinados al pago de la hipoteca de una vivienda que le vendieron. Como consecuencia de esa acción, la mujer perdió la casa y el dinero.
Los tres acusados promovieron en 2006 a través de la entidad Construcciones Anrume SL, la construcción de ocho viviendas en dos edificios de cuatro viviendas cada uno, con la intención de venderlas en Las Palmas de Gran Canaria. “Para lograr la venta de una de las viviendas, los acusados de común acuerdo, con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito, mediante engaño y con un plan preconcebido aprovechándose de la estrecha relación de amistad que mantenían con mi representada ya que eran vecinos del mismo barrio y se conocían prácticamente desde toda la vida, le ofrecieron adquirir una vivienda a mi representada de la promoción que iban a llevar a cabo, para lo cual con fecha 28 de marzo de 2006 mi representada, junto con su difunto esposo, suscribieron con la entidad Construcciones Anrume SL contrato privado de compraventa sobre la vivienda que se estaba construyendo”, detalla el abogado de la denunciante Álvaro Esteva en su escrito de acusación.
Cambio de la forma de pago
El precio de la compraventa era de 96.161,94 euros más 4.808,10 euros de IGIC. En el mencionado documento se expresaba que la entidad vendedora se reservaba el dominio de la vivienda hasta que la compradora abonara la totalidad del precio convenido. El 5 de mayo de 2006 se vuelve a suscribir entre la denunciante, su esposo y la entidad Construcciones Anrume SL, otro contrato de compraventa de la vivienda por el que se mantiene el precio de venta de la propiedad pactado inicialmente, pero cambiando las formas de pago estipuladas.
Casi 3 años después de suscribir los contratos privados de compraventa, es cuando en escritura pública de compraventa de fecha de 26 de enero de 2009, otorgada ante notario, la entidad Construcciones Anrume SL vendió la vivienda a la mujer, que se acababa de quedar viuda.
“Pese a que en los contratos de compraventa privados suscritos de fecha 28 de marzo y 5 de mayo de 2006 se hace constar por los acusados que la vivienda se iba a trasmitir libre de cargas, esa no era la realidad, ya que los acusados sabían que dicho inmueble estaba afectado por una hipoteca, como se refleja en la escritura pública de compraventa otorgada el 26 de enero de 2009 donde consta que sobre la vivienda vendida a mi representada existía la carga de una hipoteca constituida a favor de la entidad bancaria Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona, para responder del pago de 80.000 euros de principal más intereses ordinarios, de demora, costas y gastos, suscrito por la entidad vendedora para la promoción de la venta”, relata el abogado de la acusación particular.
Solicitan ocho año de prisión
La empresa Construcciones Anrume SL se comprometió en la escritura de compraventa a obtener la carta de pago y cancelar la hipoteca así como su anotación en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses a partir de la firma de la escritura el 26 de enero de 2009. Según la denunciante, los acusados no tenían intención alguna de cumplir con sus obligaciones y presuntamente destinaron el dinero de la venta para integrarlo en su patrimonio y propio beneficio.
La entidad Caixabank, al no recibir el dinero que los acusados se habían comprometido a pagar ante la denunciante, decidió dar por vencido el crédito e instar un procedimiento de ejecución hipotecaria contra la Construcciones Anrume SL y la compradora, por impago de 35.045,11 euros de principal más intereses y costas tramitado ante Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Las Palmas de Gran Canaria. La casa acabaría siendo subastada y la mujer perdió el dinero y la vivienda.
La acusación particular solicita imponer a cada uno de los tres acusados la pena de 8 años de prisión, una multa de 24 meses con una cuota diaria de 10 euros, el abono de las costas por el delito de estafa y que devuelvan los más de 90.000 euros. La Fiscalía por su parte pide una pena de 6 años y 8 meses de prisión.