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Sociedad

Entran en prisión dos de los miembros de una red que traficaba con menores inmigrantes

El resto de los detenidos se encuentran en libertad provisional con la obligación de comparecer dos veces al mes y la prohibición de salir del país

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Juzgados de La Laguna. / ARCHIVO

El Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna investiga una red que se encargaba de traficar con menores no acompañados que viajaban desde Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote hasta la Península. Según destaca el auto, en el marco de la investigación se han detenido a nueves personas, de las que solo dos se encuentran en prisión preventiva y el resto en libertad provisional con la obligación de comparecer dos veces al mes y la prohibición de salir del país. 

Se trata de la denominada Operación Akrón, que a lo largo de este año ha investigado el hecho de que ciudadanos extranjeros en situación irregular hayan viajado desde Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote hasta la Península, utilizando para ello documentación a nombre de terceros, proporcionada, por personas que les exigían pagos de dinero a cambio de salidas de las islas, según recoge el auto. El documento destaca que es una organización criminal con una estructura compleja, con dos captadores y seis facilitadores de pasaporte. La actividad de los acusados se basaba en la comisión de delitos de falsedad documental.

Investigación

La operación comenzó en enero de 2022, cuando desde la Asociación Quorum pusieron en conocimiento que personas ajenas de la entidad trataban de convencer a menores internos para facilitarles la salida de la isla a cambio de dinero. 

Tras esta denuncia se tiene constancia de que dos menores consiguieron volar a Málaga desde Tenerife y otro desde Lanzarote después de que una persona adquiriera los billetes. Tras montar diferentes dispositivos de vigilancia en los aeropuertos y localizar a un menor que se había fugado previamente, los investigadores descubren que los menores iban a ir acompañados en los vuelos por una tercera persona, conocida como "pasador". 

Según la Policía Nacional, cobraban unos 1.000 euros a los menores tutelados o a sus familias por llevarlos con documentación ajena a Alicante, Málaga, Valencia y Barcelona.

A lo largo del transcurso de la investigación, la policía reconoce, a través de reconocimiento fotográfico, a diferentes personas que habían contactado con los menores. La investigación continúa con la intervención de los teléfonos de varios sospechosos en los que también destacan el pago de de soborno a los funcionarios de los controles aduaneros. 

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