Tres días de intensas sesiones judiciales en las que el máximo protagonista, Miguel Ángel Ramírez se enfrenta a cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social. La fiscal Evangelina Ríos solicita para él una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa.
A Héctor de Armas, el que fuera administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) desde 2011, lo acusan de haber cometido tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social y piden para él, la pena de 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa.
Salvador Alba
La primera jornada, la más pesada hasta ahora, duró más de cinco horas y media, en parte debido a que el abogado defensor de Miguel Ángel dio una clase magistral sobre cómo se deben exponer unas cuestiones previas. El letrado y magistrado José Antonio Choclán planteó al Tribunal presidido por Miguel Ángel Parramón y del que también forman parte los magistrados Pedro Herrera y Mónica Herreras que el proceso está viciado por el exjuez Salvador Alba.
“Tomó posesión el 3 de noviembre de 2015 y ese mismo día citó a declarar a los imputados para el 30 de noviembre”, apuntó. A Choclán le resulta increíble que Alba pudiera haberse enterado en tan poco tiempo de lo que tenía entre manos. Por ello, porque no aprecia un delito contra la Seguridad Social y porque los delitos fueron imputados tardíamente, pidió la nulidad. Evangelina Ríos, la fiscal, intentó desmontar el argumentario de las defensas y solicitó la desestimación de las cuestiones previas, que se resolverán en la sentencia.
Nazis
Ese día declararon varios empleados de Ramírez. Sorprendieron a los presentes en la sala de la Ciudad de la Justicia de las Palmas de Gran Canaria, donde se está celebrando el juicio algunas de las declaraciones. La mayoría de los testigos coincidían en que la empresa les obligaba a trabajar muchas, muchísimas horas extra y que las cobraban en dos transferencias. En una de ellas cobraban su nómina mensual y en la segunda les abonaban las horas extra, pero bajo el concepto de dietas. Se escucharon incluso cosas absolutamente inesperadas.
"Eso funcionaba como en la época de los nazis, ellos son los que mandan y te sacan el pellejo. O te ibas por tu propio pie o mueres reventado en el servicio. Era como el partido nazi, era sistemático todo. Reclamé el pago de dietas y se me daban largas", manifestó un exempleado. Añadió que cuando intentó reclamar le respondieron que "eso es lo que hay, si te interesa bien y si no la puerta”.
Contradiccciones
El segundo día fue más tranquilo y duró menos horas, aproximadamente tres. Las declaraciones en su mayoría coincidieron, pero también es cierto que existieron ciertas contradicciones.
Algunos testigos declararon que cobraban 3 euros por hora extra, en esa segunda sesión algunos hablaron de 5,70 euros y hasta de 6 y 7 euros. De hecho, dos antiguos trabajadores apoyaron la tesis de la defensa del presidente de la UD Las Palmas asegurando que les abonaban el kilometraje y la comida. “La empresa me pagaba mis dietas y el transporte. Si me tenía que comer una langosta, me la comía”, aseguró uno de ellos.
Pero también hubo quien declaró que tenían que hacer las horas extra sí o sí. “Si te negabas a hacer la carga horaria te apartaban. Por ejemplo, en Navidad no te daban tu paquete porque te decían que estabas en una lista negra”, afirmó un testigo que trabajó en la empresa entre 1997 y 2009.
Administrador concursal
El jueves se celebró la última jornada. Junto al cansancio generalizado se mezclaron las declaraciones del administrador concursal de Seguridad Integral Canaria Juan Carlos Santos, que acusó a los empresarios de no facilitarle la documentación necesaria para poder llevar a cabo su trabajo y soltó algunas perlas.
Detalló que Ramírez, como persona física, compró acciones de la UD Las Palmas a Seguridad Integral Canaria presuntamente por debajo de su valor y que le comentó a Héctor de Armas que no le parecía normal. “No es una decisión que un administrador en su sano juicio hubiera consentido porque no aportó liquidez a SIC”. La venta de esas acciones se encuentra en estos momentos bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas.
Joyas
Además, dejó entrever que Ramírez, que se supone que era sólo socio de la empresa, era la persona que tomaba decisiones que presuntamente eran competencia del administrador.
También salió el tema de la compra de unas joyas. Ramírez compró joyas cada 5 de enero de los años 2015 (98.000 euros), 2016 (53.000 euros) y 2017 (103.000 euros) en la lujosa joyería Saphir, años en los que ya no constaba como administrador de SIC. Presuntamente las puso a cuenta de servicios futuros de SIC a ese negocio (los vigilantes trabajaban allí) y después devolvió el dinero a la empresa.
Ramírez no ha declarado
Lo cierto es que hasta ahora no han declarado ni los testigos de la defensa ni los propios acusados. Los testigos propuestos por la defensa empezarán a declarar en las próximas sesiones y Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas lo harán el día 19 de julio.
Desde el entorno de Ramírez se asegura que hay suficientes pruebas y documentación que probarían que el presidente de la UD Las Palmas y de Armas actuaron bajo la estricta legalidad. Ahora sólo queda esperar a escuchar su versión para saber si ambos pueden librarse de una dura y larga condena en la cárcel.