La pandemia, el cero turístico derivado de la propia crisis sanitaria y la inflación desencadenada tras la invasión rusa en Ucrania han planteado un escenario económico complicado para Canarias, una región que históricamente ofrece malos síntomas en parámetros de bienestar social como el índice del paro, fracaso escolar, sueldos más bajos o listas de espera sanitarias o de dependencia. Frente a esa realidad, el Gobierno de Canarias ha aumentado el rango de familias protegidas en el Archipiélago a través de dos herramientas: la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en 2022 han ayudado a 80.000 personas.
En diciembre, mes que cierra el año, el número de familias del Archipiélago con acceso a la PCI ha alcanzado las 11.922 –para beneficiar a cerca de 23.000 personas–. La cifra es la más alta para un solo mes –en marzo eran 10.337 grupos; en octubre llegó hasta los 11.427–. La serie histórica, además, traza una línea ascendente a lo largo de esta legislatura: en julio de 2019, cuando Noemí Santana (Unidas Podemos) accedió a la Consejería de Derechos Sociales del Ejecutivo regional, el dato de beneficiarios era de 5.687.
Cerca de 70 millones de presupuesto
Los datos refrendan la apuesta presupuestaria del actual Gobierno de Canarias para dotar de recursos a la propia consejería –la dirección general de Derechos Sociales aumentó su personal al incorporar a 60 personas– y para permitir que los ayuntamientos de los Islas también refuercen el número de empleados de las áreas municipales destinadas a este objeto. Para este año, la partida ronda los 70 millones de euros después de que Derechos Sociales fuera capaz de ejecutar 36 millones en 2019, 42 en 2020 y 51 en 2021.
A lo largo de 2022, la PCI ha protegido a 16.561 familas, lo que supone 4.000 más que el año anterior. A esos números se suma el de grupos que cobran el IMV en Canarias: en septiembre protegía a 25.881 –12.398 en la provincia de Las Palmas y 13.483 en la de Santa Cruz de Tenerife–. En total, según la información aportada por la Seguridad Social, el número de beneficiarios de esta ayuda en Canarias alcanza los 57.887.
Renta Canaria de Ciudadanía
El Gobierno de Canarias confía en poner en marcha la Renta Canaria de Ciudadanía en 2023. El pasado viernes, los grupos del Parlamento de Canarias aprobaron por unanimidad el dictamen sobre el proyecto de ley, que pretende romper las barreras de la (PCI), a la que sustituye, para llegar a más personas, sin límite de tiempo de percepción y compatible con otras prestaciones no contributivas. Se espera que el 13 de diciembre, el próximo martes, sea aprobada en la cámara regional.