La actualidad a veces genera un efecto dominó. Cuando una noticia sale a la luz, viene acompañada de otras que tienen relación como ha ocurrido con Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG). Este jueves se conoció que tiene abierto un expediente por, presuntamente, hacer que menores migrantes trabajaran en sus fincas privadas. Atlántico Hoy pudo saber horas después que el Gobierno de Ángel Víctor Torres le pagó en 2021 casi 112.000 euros para atender a chicos que llegan en patera sin sus padres.
El dinero lo recibió a través de la Asociación Oportunidades de Vida que él preside. Aunque no han sido los únicos fondos públicos que ha recibido la ONG porque el Cabildo de Gran Canaria también le ha concedido subvenciones nominativas –un procedimiento popularmente conocido como ‘a dedo’ en el que además la COAG está incluida–. Si se suman las cantidades de los últimos cuatro años, entre la Corporación Insular y el Ejecutivo autonómico, el resultado es de 3.349.729,15 euros.
Presidencia del Cabildo
La cifra incluye, además, los 49.223,15 euros que le ha ido abonando el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), un organismo que depende del Gobierno regional. Son números que suenan escandalosos, por lo que es adecuado desgranar para qué ha sido cada montante que ha ingresado Rafael Hernández desde el año de la pandemia.
En el caso del Cabildo de Gran Canaria, dirigido por Antonio Morales todo este tiempo, lo tiene publicado en el plan estratégico de subvenciones de cada ejercicio económico. En 2020, la Consejería de Presidencia aprobó pagarle a la Asociación de Hernández 30.000 euros con el objetivo de organizar un campamento de verano para jóvenes. Aparte otros 20.000 para el proyecto ‘Gran Canaria Solidaria’.
Larga vida a la subvención
Política Social le dio 200.000 euros para ayudar a los ciudadanos de Gran Canaria más afectados por las consecuencias derivadas de la prolongada crisis económica. El Área de Solidaridad Internacional decidió destinar 32.000 euros. Un año después lo de Presidencia se repitió y en Agricultura apostaron por su ONG con 47.500 euros, mientras en Solidaridad Internacional con 105.000.
Una vez llegó 2022, el apartado de Política Social recoge un párrafo llamativo: “Se dará continuidad a las cuatro subvenciones nominadas otorgadas a Cáritas Diocesana de Canarias, la Asociación social Oportunidades de Vida, Cruz Roja Española y Banco de Alimentos para que con su reconocida y contrastada experiencia puedan seguir atendiendo las necesidades de estos colectivos”.
Acondicionar un local
El Cabildo se refería en ese momento a mantener “la misma línea de financiación para llegar a colectivos específicos en situación o riesgo de exclusión o en situaciones de necesidad extrema, al carecer de recursos básicos a través de entidades sin ánimo de lucro con capacidad para dar respuesta a las demandas de colectivos sensibles”. La cantidad total que recibió las Asociación ese año fue de 641.750.
En 2023 el proyecto Gran Canaria Solidaria, que hasta entonces había cobrado 20.000 euros de la Corporación Insular, pasó a recibir 40.000. Además, para acondicionar un local en la calle Pintora Lola Masseu el Cabildo le pagó 43.000 euros a la ONG de Rafael Hernández. ¿La cifra final? 741.250 euros.
Contratar técnicos
Han pasado 12 meses desde entonces y en 2024 seguirá recibiendo ese dinero. Lo más sorprendente son los 320.000 euros para emergencia social que hasta entonces habían sido 200.000 cada ejercicio. La suma es de 708.000.
Antes de abandonar un rato las cifras para no cansarlo, querido lector, merece la pena destacar que en cada documento hay 85.000 euros para la COAG a excepción del actual que asciende a 93.000. Siempre para contratación de técnicos y asistencia a agricultores en cultivos de producción integrada.
Convivencia
El Cabildo explica que es necesario fomentar e implementar el tejido asociativo de la Isla, lo que llevará consigo incrementar la participación de la población en la convivencia, “así como su implicación en las decisiones que afectan a su entorno y en las actuaciones que se desarrollan”.
“Estas subvenciones tienen por objeto financiar proyectos, actividades o actuaciones que fomenten la promoción del movimiento asociativo, la convivencia ciudadana y la calidad de vida, así como la mejora de las instalaciones y servicios destinados a los vecinos de nuestros municipios, con el objetivo estratégico de contribuir a la mejora de las condiciones de vida”, continúa en el texto.
Dinero a COAG
Mientras todo eso ocurría, a nivel regional también ingresaba dinero que se adjudicada a la COAG. En octubre de 2020, la Viceconsejería de Sector Primario le pagó 14.920 euros para realizar un diseño de un Banco de Explotaciones Agropecuarias. Luego, el ICCA le dio 14.099,35 con el fin de asistir técnicamente al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria para atender a nuevos centros escolares y personas ecoagricultoras.
El ICCA fue quien dio, además, 3.441,19 euros por estudio de mercado de precios fichas de puntos de venta. Así como 1.762,61 por estudios del mismo tipo en la fase 2 del proyecto denominado Grupo Operativo de Alimentación Pública Sostenible 4.0. Después hubo otros 15.000 euros por asesoramiento técnico para los agricultores y agricultoras que forman parte del programa de Ecocomedores de Canarias.
Emergencia
Los casi 112.000 euros, que fueron cobrados por la Asociación por vía de emergencia para atender a menores migrantes en el centro Tagoror –gestionado por la hija de Hernández y bajo la tutela del Ejecutivo regional–, los otorgó la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, dirigida en aquel momento por Iratxe Serrano.
El organismo del que se encargaba Serrano dependía de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo regional, un área de la que era titular Noemí Santana. En la memoria justificativa explican que se hizo una tramitación de emergencia porque la situación crítica con la llegada incesante de personas los obligó.