Rafael Hernández no se plantea su dimisión como presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG) ante todo lo que está ocurriendo al ser acusado de, presuntamente, emplear a menores migrantes de manera ilegal en sus fincas de cultivo.
Antes de entrar a la reunión organizada por la COAG, Hernández se ha defendido y ha desmentido la información que ha aparecido en los medios de comunicación sobre el asunto por el que se le acusa, que para él, no tiene relación con la entidad y considera un tema aparte.
Explicaciones
La COAG tiene marcada una reunión justo para este lunes; sin embargo, Hernández ha indicado que el encuentro “no tiene nada que ver” con su acusación por, presuntamente, emplear a menores migrantes de manera ilícita. La dimisión no está por ahora en la mente del presidente de la entidad, que ha añadido que si los componentes de la organización solicitan explicaciones, se ofrecerá a darlas.
Hernández desmiente las acusaciones que se han hecho hacia su persona, apuntando que lo que se pretende es perjudicar tanto a él como a Ángel Víctor Torres, con el que se presentó que mantiene una amistad. “Tengo una relación con Torres como con el presidente actual o con todas las autoridades. Lo propio de la cuestión institucional”, defiende.
Un supuesto curso de formación
El empresario, quien tiene abierto un expediente en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social por, presuntamente, hacer que menores migrantes trabajen en sus fincas privadas de Tafira y La Aldea de San Nicolás, ha recalcado que estos menores no se encontraban trabajando, sino realizando un curso de formación básica en agricultura.
Este programa “llegó hasta 120 niños de diversos centros”, ha afirmado. Según el presidente de la COAG, la idea era que cuando los menores cumplieran los 18 años, pudieran encontrar trabajo, “en este caso en el campo, porque es un yacimiento de empleo donde hay necesidad.
Hernández ha asegurado que parte de esos cursos contemplaban horas prácticas y que los menores se encontraban acompañados por un monitor de la empresa cuando fueron avistados por la Inspección de Trabajo.
Los jóvenes se alojaban en el centro Tagoror, unas instalaciones dirigidas por su hija y aledañas a la Iglesia Evangélica Bautista El Fondillo (Las Palmas de Gran Canaria) en la que él es pastor. Según publica Canarias7, los hechos por los que señalan al empresario fueron denunciados este miércoles ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Los chicos recibían, supuestamente, entre 20 y 25 euros por trabajar en los cultivos.