Presidencia del Gobierno de Canarias superó en 2021 la cantidad legal que se permite destinar a los contratos menores en una licitación para servicios de limpieza, como expone la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) en un informe publicado este martes en el Boletín Oficial del Parlamento. También ha acordado su remisión al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General.
El foco del documento está puesto en los diferentes departamentos de la Administración Pública y en él se fiscaliza las contrataciones realizadas para servicios de limpieza y vigilancia que estuvieran vigentes en ese año. El objetivo es verificar si se ha cumplido con la normativa en materia de contratación a lo largo de las diferentes fases: preparación, licitación, adjudicación y ejecución.
Cantidad destinada
El texto firmado por el presidente de la ACC, Pedro Pacheco, plasma que la Secretaría General del organismo fiscalizado adjudicó por 20.458 euros el contrato ‘Servicio de limpieza e higienización de la sede de Presidencia de Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria’. Dice que esto supera el importe establecido en el artículo 118 de la Ley de Contratación del Sector Público.
“Se consideran contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal”, reza la norma.
Empresa concesionaria
El acuerdo de la adjudicación se alcanzó el 27 de julio de 2021 y la empresa que ganó el concurso fue Capross 2004 SL —una compañía de la que fue director de producción entre 2004 y 2009 el actual consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis y que está presidida por uno de sus sobrinos— para ostentar el servicio durante un mes. Aunque no se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta casi cinco meses después, el 3 de diciembre. El proceso se presentó en dos documentos donde hay un importe de 10.945,59 euros en cada uno —la suma de ambos son los 20.458 de los que habla la ACC—.
Ante el señalamiento de la Audiencia de Cuentas, la Secretaría General de Presidencia presentó una alegación argumentando que las facturas correspondientes a los meses de agosto y septiembre se tramitaron al amparo del artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público. “Que, si bien la publicación del nuevo procedimiento no se produce con la antelación de 3 meses que establece la Ley, el inicio del procedimiento se produce en el plazo establecido, pero razones de diversa índole hace que se retrase la publicación en la plataforma”, agrega.
Para qué sirven los contratos menores
La Audiencia de Cuentas contestó que “la Secretaría General no solo afirma el incumplimiento de los requisitos exigidos en dicho precepto, al manifestar la inexistencia de anuncio de licitación del nuevo procedimiento con la antelación exigida, sino que no acompaña documentación alguna de la prórroga realizada”. “Por ello no se modifica el informe”, apostilla.
El informe recoge que la responsabilidad de este organismo “es expresar una opinión sobre el cumplimiento de la legalidad en la prestación de los servicios que constituyen el ámbito material de la fiscalización”. Sobre los contratos menores, explica que se configuran como un procedimiento ágil para abordar necesidades puntuales, quedando prohibida su utilización cuando con el mismo se produzca el fraccionamiento de los contratos.
Otros casos
La ACC también incluye un problema con la contratación de aquel año con otro contrato menor en la limpieza de las dependencias del Parque Nacional de Timanfaya. Según expone, la Consejería de Transición Ecológica destinó 16.320 euros con ese fin. Por un lado, un contrato de 14.960 euros y por otro, uno de 1.360 euros.
La Consejería de Agricultura de Ganadería y Pesca también excedió la cantidad estipulada para contratos menores en el servicio de limpieza en el inmueble del servicio territorial de La Palma del departamento.