Representantes de las policías locales de Canarias pertenecientes a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y en el colectivo de policías locales, se han reunido en Santa Cruz de Tenerife con el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Rodríguez Marín.
Entre los temas tratados, el sindicato solicitó la mediación ante el Gobierno de España en la modificación de determinados artículos del Proyecto de Real Decreto por el que se completa el régimen jurídico para la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas.
Salud Mental
Dentro del Marco de la Salud Mental y Prevención ante el Suicidio en las policías locales llevado a cabo por CSIF a nivel nacional, pidieron que se diera cumplimiento al art. 17 de La Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de las policías locales de Canarias y se cree por el Gobierno de Canarias “un gabinete jurídico y psicológico de asesoramiento y apoyo a los cuerpos de policías locales de Canarias”, y que sea dicho gabinete quien valore las pruebas de acceso a la escala básica de las policías locales y los reconocimientos psicológicos.
En relación al nuevo reglamento para el personal de las policías locales de Canarias, mostraron sus inquietudes sobre los exámenes de ingreso que incluyen temas no especificados en el temario oficial y solicitaron una formación más especializada para los tribunales de oposiciones.
Antiterrorismo
Además, el sindicato CSIF propone un sistema de formación anual más accesible para los policías, con cursos adaptados a las necesidades de cada jefatura. También busca ampliar la oferta formativa para bomberos y agentes de movilidad, así como mejorar el acceso a bases de datos policiales.
Los agentes le plantearon a Rodríguez Marín, la importancia de incluir a las policías locales en medidas antiterroristas, reconociendo su papel en la seguridad pública, tal como lo respalda un oficio del Secretario de Estado de Seguridad de 2015 y que quedó demostrado en los atentados en Barcelona y Cambrils.