La Plataforma 5% ha reclamado al Gobierno de Canarias que "tome en serio" el problema de la educación en las islas, instando a que los próximos presupuestos incluyan medidas que avancen hacia el cumplimiento de la financiación prevista en la Ley Canaria de Educación. Según el colectivo, es imprescindible que se destine al menos el 5% del PIB canario a la educación, tal como establece dicha normativa.
En un comunicado emitido este miércoles, la Plataforma ha alertado de un "agujero financiero de más de 700 millones de euros" que habrá en la Consejería de Educación, consecuencia, según denuncian, de las "rebajas fiscales desmedidas" aplicadas en la región, que ponen en riesgo la financiación educativa.
Consecuencias de la falta de fondos
A pesar de que la Ley Canaria de Educación lleva más de diez años en vigor, la Plataforma señala que la financiación educativa sigue sin alcanzar el 5% del PIB estipulado para 2022, y que la falta de recursos amenaza con alejar aún más ese objetivo. Entre las áreas afectadas destacan la implantación de la Educación Infantil de 0 a 3 años, en la que Canarias ocupa uno de los últimos lugares a nivel estatal.
El colectivo también ha advertido que esta falta de fondos dificulta el aumento de las plantillas docentes en 5.000 efectivos y limita los programas de atención al alumnado en desventaja, la expansión de la Formación Profesional y la modernización de infraestructuras educativas. Estas políticas requieren una inversión que debe provenir de los ingresos presupuestarios, han subrayado.
Exigencias para la mejora
Por ello, la Plataforma ha instado al Gobierno canario a iniciar un esfuerzo fiscal en los presupuestos de 2025 que permita avanzar hacia el objetivo del 5% de inversión educativa. Además, ha propuesto actualizar el Plan Estratégico del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) para crear más de 7.000 plazas y reducir la brecha que separa a Canarias del resto de las comunidades autónomas.
Asimismo, han exigido medidas fiscales que permitan incrementar en 4.000 el número de docentes, a un ritmo de 1.000 por año, con el fin de acelerar la mejora del sistema educativo, ampliar los programas de refuerzo y atender al alumnado en situación de desventaja.