El patrón de una patrullera, acusado de utilizar su cargo para evitar inspecciones en su empresa

El guardia civil estaba destinado en el Servicio del Destacamento de la Guardia Civil de Corralejo y era socio de una empresa náutica de chárter

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Servicio Marítimo de la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL
Servicio Marítimo de la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL

Un cabo primero de la Guardia Civil será juzgado entre los días 27 de noviembre y 1 de diciembre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, acusado de valerse de su puesto para evitar inspecciones a una empresa de la que era socio en Corralejo (Fuerteventura). El Ministerio Fiscal considera que el agente es el presunto autor de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a un funcionario público.

J.L.V. (iniciales del guardia) estaba destinado en el Servicio del Destacamento Marítimo de la Guardia Civil, en la mencionada zona turística de Fuerteventura, entre los meses de mayo y mediados de agosto de 2018, como patrón de una de las patrulleras que prestan sus servicios en el litoral majorero.

Chárter

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, el cabo, a pesar de tener competencias legales específicas en la inspección de embarcaciones de recreo (Lista 6ª), consiguió, valiéndose de su cargo, que la sociedad de la que era socio -junto con su mujer y un tercero-, Nautic Corralejo Chárter, S.L., y que disponía de embarcación precisamente de Lista 6ª y con el nombre de Siña María III, atracada en el puerto de Corralejo y dedicada a la actividad lucrativa de excursiones turísticas, no fuera objeto de inspección alguna por dicho Servicio.

La Fiscalía denuncia que a diferencia del resto de las empresas competidoras dedicadas al mismo objeto comercial, la empresa del cabo obtuvo un beneficio - materializado en la falta de necesidad de disponer de toda la documentación legal en regla- para dicha entidad y el correlativo perjuicio para las referidas competidoras. 

Por los delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, el Ministerio Fiscal solicita para el agente la pena de 15 meses de prisión, una multa de 100 euros diarios durante 27 meses y la inhabilitación especial empleo o cargo público, entre ellos, el específico de agente de la Guardia Civil, durante ocho años.