La vuelta al colegio después de las vacaciones de Navidad en Canarias ha estado marcada esta mañana de lunes por el paro de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), que solicita a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias que abone una deuda que mantiene con los transportistas.
Los datos proporcionados por la FET cifran en unos 30.000 alumnos los que este lunes se han quedado sin transporte escolar. Sin embargo, la consejería explicó la semana pasada que el paro afectaría a 1.486 rutas de transporte y 37.000 estudiantes. Lo cierto es que son muchos los padres que han tenido que llevar a sus hijos al colegio por sus propios medios.
Los padres piden soluciones
Uno de ellos es Jaime Angulo, padre de una niña del Colegio Público Aguadulce en el barrio Arenales. “Mi hija de 10 años viene en guagua y hoy he tenido que traerla. Me afecta por el tema del trabajo porque voy con el tiempo justo. La consejería debería facilitar una alternativa para solucionar este tipo de problemas y encima el primer día de colegio después de las Navidades”, asegura.
Aunque en Las Palmas de Gran Canaria no hay muchas rutas de transporte escolar, sí ha habido familias afectadas por el paro convocado por la FET. Se trata de aquellas con niños con movilidad reducida y que sí dependen del transporte para ir a clase todos los días.
Reclamación de asociaciones de madres y padres
Este domingo, la Confederación regional de asociaciones de madres y padres de Canarias (CONFAPACanarias), emitió un comunicado solicitando que se declare servicio esencial el transporte escolar.
“Este lunes 9 de enero más de 37.000 alumnos y alumnas de las Islas no tendrán garantizado su derecho fundamental a la Educación porque el servicio de transporte escolar que necesitan para llegar a las aulas es un servicio complementario, al igual que ocurre con los comedores escolares. Ya sea por un paro patronal, o una huelga de personal (auxiliares de comedor) hablamos de prestaciones complementarias, no consideradas esenciales, y por tanto no tienen garantizados unos servicios mínimos”, detalla el escrito.
Mano tendida al diálogo
El secretario general de la patronal, José Ángel Hernández, ha subrayado que este colectivo empresarial, que ha convocado esta protesta para presionar a la Consejería regional de Educación para que eleve las cantidades que abona por su servicio, mantiene "la mano tendida al diálogo". "Estamos a la espera de que nos llamen para mantener algún contacto" con este departamento del Gobierno canario, que este sábado lamentó en un comunicado que, pese a haber aceptado todas las demandas de la FET, estos empresarios hayan decidido no prestar este servicio el día de la vuelta a clase tras las vacaciones.
Al respecto, Hernández ha explicado que con el paro de este lunes la FET ha pretendido "dar un toque de atención" a la Consejería, ante su tardanza en abonar a los transportistas esos 9 millones de euros, que corresponden a dos tercios de los 14 millones que les adeuda por la no aplicación, entre 2012 y 2022, de una cláusula que obliga a la Administración a actualizar todos los años sus contratos con el sector conforme a la subida del IPC.
Antecedentes
Este conflicto se remonta a 2020. El 13 de marzo del año de la pandemia, a causa de la situación sanitaria, el gobierno regional emitió dos decretos que cerraron toda la actividad turística y los servicios escolares. “En 2021 se plantea al Gobierno que una de las cosas que podría hacer para beneficiar al sector es pagarle esas deudas para poder retomar la actividad”, apostilla Hernández. Pero eso nunca se produjo. “No se llevó a cabo ningún tipo de actuación por parte de la administración que acelerara esos trámites”, afirma el representante de los transportistas.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha asegurado, a través de una nota de prensa, que ha aceptado todas las demandas de la FET. Según el comunicado de Educación, prevén pagarles lo atrasado en 2023. "Cabe destacar que la deuda histórica adquirida por gobiernos anteriores que reivindican los transportistas es un compromiso asumido por la Consejería de Educación, cuyas cuantías quedan establecidas en el presupuesto de 2023 con un incremento de 9 millones de euros respecto al ejercicio anterior", se asegura en el escrito.