El transporte escolar seguirá adelante con el parón este lunes. Un cese de actividad durante una jornada que afectará a más de 35.000 alumnos de casi 1.500 rutas, según datos ofrecido a Atlántico Hoy por la Federación de Empresarios del Transporte (FET). El Gobierno de Canarias aseguran que la cifra es superior, afectando a 1.486 rutas de transporte y 37.000 estudiantes
La FET reclama al Gobierno de Canarias que pague a los transportistas unos atrasos que se remontan a hace una década. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias asegura que ha aceptado todas las demandas de la FET, pero que aun así esta mantiene el paro de los servicios previsto para lunes.
La versión de los transportistas es diferente. "La Consejeria de Educación viene posponiendo el abono de la deuda que mantiene con los transportistas, lo que ha generado conflictos en 2020, 2021, con una semana de paro y en el 2022 con el aviso de cese de servicios que la consejeria superó con la promesa de liquidar la deuda a los transportistas en 15 días, plazo que en enero de 2023 ha vuelto a posponer a futuro", asegura José Ángel Hernández, secretario general de la FET.
"El documento recibido este fin de semana simplemente recoge por escrito la intención de resolver a futuro este problema, mientras que lo que reclaman los transportirtas son fechas concretas de pago. Por ello, se mantiene el paro del lunes 9 de enero del transporte escolar de los centros públicos de Canarias", concluye el secretario general de la FET.
Sin servicios mínimos
Los datos proporcionados por la FET aseguran que el parón del lunes afectará a 30.000 alumnos y a 1.550 rutas. Sin embargo, la consejería explica que el paro afectará a 1.486 rutas de transporte y 37.000 estudiantes. Lo que sí está claro es que la vuelta al colegio de las navidades afectará a miles de estudiantes y que los servicios mínimos no estarán garantizados.
"Al tratarse de un paro de la patronal y no de una huelga, impide que se garanticen los servicios mínimos", dice la consejería, que informa de que los centros educativos permanecerán abiertos para desarrollar su actividad habitual y que el paro no afectará a otros servicios complementarios como el comedor.
Antecedentes del conflicto
Hernández expone que este tema se remonta al año 2020. Recuerda que el 13 de marzo del año de la pandemia, a causa de la situación sanitaria, el gobierno regional emitió dos decretos que cerraron toda la actividad turística y los servicios escolares. “En 2021 se plantea al Gobierno que una de las cosas que podría hacer para beneficiar al sector es pagarle esas deudas para poder retomar la actividad”, apostilla. Pero dice que eso nunca se produjo, que no se llevó a cabo ningún tipo de actuación por parte de la administración que acelerara esos trámites.
Según el comunicado de Educación, prevén pagarles lo atrasado en 2023. "Cabe destacar que la deuda histórica adquirida por gobiernos anteriores que reivindican los transportistas es un compromiso asumido por la Consejería de Educación, cuyas cuantías quedan establecidas en el presupuesto de 2023 con un incremento de 9 millones de euros respecto al ejercicio anterior", dice el comunicado.