Los centros educativos públicos de Canarias se enfrentarán el próximo lunes a un paro al que han sido llamados los conductores de guaguas escolares. Un cese de actividad durante una jornada que afectará a 30.000 alumnos y a 1.550 rutas, según datos ofrecido a Atlántico Hoy por la Federación de Empresarios del Transporte (FET).
La FET reclama al Gobierno de Canarias que pague a los transportistas unos atrasos que se remontan a hace una década. El secretario general de la federación, José Ángel Hernández, explica que los contratos de transporte escolar tienen unas cláusulas que permiten que los precios de las rutas se vayan actualizando cada año en base al IPC.
“Lo que ha sucedido es que la Consejería de Educación, durante una serie de años, no fue aplicando esos incrementos del IPC”, afirma Hernández. Y resalta que eso tiene dos consecuencias: “Que los precios que se están cobrando a día de hoy por las rutas no son los verdaderos de 2023 y que existe una deuda acumulada de cursos anteriores cuyos diferenciales están pendientes de ser liquidados”.
¿Qué dice la Consejería?
La Consejería de Educación, en declaraciones a este medio, asegura que está en conversaciones con la FET para buscar una solución a este asunto. Sobre la deuda histórica que reclaman los transportistas, dice que “en el último trimestre de 2022 se asumió el compromiso de abonar las cuantías correspondientes a la actualización del IPC de los últimos años y así se hará”.
José Ángel Hernández destaca que hay un conflicto abierto para el que no están demandando compromisos o promesas, sino el abono efectivo de los compromisos económicos que tiene el Gobierno sobre el retraso en los pagos.
“Un toque de atención”
Sobre un posible endurecimiento de las medidas de presión, Hernández dice que es un escenario que no se ha descartado. “Cuando realizamos la asamblea empresarial había diferentes propuestas y una de ellas era iniciar un paro indefinido hasta que el problema se arreglara”, cuenta. “Lo que pasa es que los empresarios han puesto en la balanza la defensa de sus intereses con el posible perjuicio que se haga a la comunidad educativa”, agrega.
Hernández dice que se ha acordado hacerlo solo un día para llamar la atención de la administración “con carácter previo de lo que podría ser un conflicto de otro calibre, de mayor profundidad”. Manifiesta que si no se resolviera el problema, se volvería a convocar a los empresarios. “Tiempo de adoptar medidas de otro calado siempre hay”, asegura.
Cuenta también que este martes a última hora tuvieron una conversación con la consejera de Educación, Manuela Armas, en la que esta se comprometió a enviarles un documento que ellos tendrán que valorar. “En función de lo que nos digan en ese documento y de la valoración que hagamos, seguiremos avanzando”, sostiene Hernández.
Reforzar el personal administrativo
Otra de las demandas que hacen desde la patronal es un refuerzo del personal administrativo por parte del ejecutivo. “Las noticias que nos trasladan en la consejería es que en los presupuestos de la comunidad autónoma de 2023 tienen fondos previstos para poder pagar estos dos capítulos. Si el dinero está, lo que falta es que administrativamente lo activen”, relata.
“No estamos diciendo que ese personal sea malo y que no trabaje. Todo lo contrario, es buenísimo. Lo que pasa es que es escaso. Lo que no es posible es que cuatro personas estén intentando hacer el trabajo de diez, que es el problema que creemos que tienen dentro de su casa”, apostilla Hernández.
El secretario general de la FET opina que esos refuerzos se tendrán que llevar a cabo y que la plantilla de refuerzo se dedique exclusivamente a actualizar los problemas del transporte escolar. “Porque si eso no fuera así, podemos llegar a 2024 todavía esperando a que esto se solvente”, añade.
Antecedentes del conflicto
Hernández expone que este tema se remonta al año 2020. Recuerda que el 13 de marzo del año de la pandemia, a causa de la situación sanitaria, el gobierno regional emitió dos decretos que cerraron toda la actividad turística y los servicios escolares. “En 2021 se plantea al Gobierno que una de las cosas que podría hacer para beneficiar al sector es pagarle esas deudas para poder retomar la actividad”, apostilla. Pero dice que eso nunca se produjo, que no se llevó a cabo ningún tipo de actuación por parte de la administración que acelerara esos trámites.
“En el verano de 2022, se plantea a la Consejería que, si no tomaba cartas en el asunto, no se iba a comenzar este curso con el transporte. En ese momento, la Consejería de Educación se comprometió a hacer el abono de lo atrasado y poner en práctica, desde septiembre, la actualización de los precios de las rutas escolares”, continúa.
No obstante, según cuenta, la respuesta del Gobierno fue que necesitaban 15 días para poder tramitar los expedientes, pero que cuatro meses después ni han pagado ni han realizado esa tramitación. “Por eso se decidió que no se podía esperar más para hacer esta reclamación”, culmina Hernández.