A tan solo unos días de que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visite Canarias para abordar el problema migratorio que vive el Archipiélago, el Parlamento ha remitido a la Unión Europea (UE), a través del Comité Europeo de las Regiones (CDR), 24 propuestas para afrontar el aumento incesante de llegadas.
La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, destaca la importancia de estas conclusiones, extraídas de las Jornadas Conecta Canarias-Europa, entre las que se incluye la exigencia de un mando único en el Estado español en materia de inmigración; la necesidad de un reparto equitativo de las cargas generadas por la inmigración para aliviar la presión de las regiones que son frontera europea, o la dotación de más recursos humanos y medios técnicos más eficaces para el control de fronteras en Canarias.
Todos menos Vox
Estas propuestas son fruto de la mesa de debate y trabajo dedicada a migración y asilo con la participación de diputados de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox.
Entre las medidas del Parlamento están las de “exigir que las realidades regionales se tengan en cuenta en la reforma de la política de migración y asilo de la UE; solicitar el aumento de la cooperación internacional desde Europa hacia los países emisores de más inmigración irregular hacia Canarias; exigir al Estado y a la UE más financiación para crear y gestionar de una adecuada red de acogida, también en situaciones de crisis y emergencia, o instar a la puesta en marcha de procedimientos de derivación que eviten situaciones de masificación”.
Más medios humanos
El Parlamento de Canarias insta a desarrollar en la normativa estatal y europea el concepto de solidaridad obligatoria y de responsabilidad compartida en materia de inmigración irregular y atención a menores no acompañados; a que los gobiernos regionales más afectados por los fenómenos migratorios sean escuchados y participen de forma directa en la definición y desarrollo de las nuevas políticas comunitarias de migración; a generar una mejora en los medios y las acciones de lucha contra el tráfico de personas, y a arbitrar una adecuada distribución de menores tutelados.
Astrid Pérez subraya que, además, “se solicita un aumento de los medios humanos y materiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Salvamento Marítimo y Frontex; la activación de una política de traslados ágil y transparente desde Canarias hacia el resto de España y de Europa, o la puesta en marcha de un sistema conjunto de reacción rápida, común y solidaria ente situaciones de crisis migratorias en Europa”.
También se pide al Estado que “cofinancie la acogida de menores migrantes junto a las regiones hasta que sea definitivamente asumida como una competencia estatal, o que se generen puntos de información en tránsito y en origen para combatir la desinformación de las personas migrantes”.