El Gobierno ha puesto en marcha un plan de apoyo al arrendatario a lo largo de todo el año 2023. El plan amplía el plazo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 30 de Junio de 2023.
Canarias fue, durante el segundo trimestre del año 2022, la comunidad autónoma con la tasa de desahucios más alta de España por impago de alquiler, con 25,5 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos que publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este informe revela que en las islas se llevaron a cabo 720 lanzamientos (desalojos de inmuebles), de los que 139 se ejecutaron de acuerdo a la Ley Hipotecaria (impago de cuotas del préstamo hipotecario), 554 por la Ley de Arrendamientos Urbanos y 27 por otras causas que no se especifican.
Félix Bolaños aseguraba este martes en el Congreso de los Diputados que “se suspenden los desahucios a personas vulnerables cuando no tengan alternativa habitacional. Y se implanta una prórroga obligatoria para los contratos de alquiler". Ese mismo día, una pareja grancanaria era desahuciada de su vivienda de alquiler en Hoya de la Plata, por orden del Juzgado de Primera Instancia Nª10 de Las Palmas de Gran Canaria.
Un contrato de dos años
Se trata de Melody y Miguel Ángel. Llevaban un año viviendo allí. Miguel no ha tenido una vida fácil y no tiene trabajo; asegura que no toma drogas, pero ha pasado por prisión. Se instaló en la mencionada casa después de cumplir una pena de cárcel de cinco meses. “Yo salí en febrero del año pasado en libertad, cuando llegué aquí firmé un contrato de dos años, hasta septiembre de 2023. Ahora llegó una orden judicial y estamos en la calle”, explica.
“Primero la dueña nos pidió dinero, cuando en un principio nos había dicho que allí no íbamos a tener ningún problema, pero ahora quieren vender la casa por 420.000 euros, está anunciado en algunas inmobiliarias”, asegura Miguel.
Atlántico Hoy pudo hablar con una persona que representaba a los dueños de la vivienda, que se limitó a explicar que la pareja había sido desahuciada por no pagar el alquiler durante un año. Lo cierto es que la casa es muy grande y según cuenta Miguel está dividida en seis apartamentos. “Como arriba hay niños y no los pueden echar, vinieron a por nosotros”, subraya. “No tenemos adónde ir. Yo tengo tres niños que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias y hasta que no tenga trabajo estable y casa no me los van a devolver. A ver si me pueden ayudar a buscar una solución”, concluye la joven con lágrimas en los ojos.
Personas en situación de vulnerabilidad
Miguel y Melody están en situación de vulnerabilidad y en teoría se podían haber acogido a la suspensión del desahucio. El requisito fundamental pasa por solicitar la ampliación y acreditar su situación de vulnerabilidad económica. En este caso, se contempla, en determinados supuestos, la posibilidad de solicitar una compensación para arrendadores y propietarios ante la suspensión del desahucio.
En 2022 se llevaron a cabo en Canarias 1.396 desahucios, en los dos primeros trimestres. Los datos aportan cierto positivismo si se comparan con años anteriores. En 2013, por ejemplo, se realizaron 4.331 lanzamientos y esta cifra no comenzó a disminuir hasta tres años después. En 2016 cayó a los 3.690 desahucios, aún una cifra bastante preocupante. No fue hasta 2020 que la pandemia de la COVID-19 hizo que los lanzamientos en España se redujeran a raíz de la suspensión de los mismos por el Gobierno estatal (1.779 en total).
Evitar los desahucios
En agosto del pasado año 2022, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias informó del crecimiento en 260.000 euros del presupuesto destinado a evitar los desahucios de familias vulnerables en el archipiélago.
Asimismo, desde el organismo aseguran que la cifra crecerá hasta los 585.000 euros este 2023. Los 260.000 euros actuales irán destinados a atender a las familias en riesgo de desahucio, así como a las necesidades de personas víctimas de violencia de género y a las personas inscritas en el programa Canarias Pro Hogar.
No obstante, y aunque las ayudas siempre se convierten en un salvavidas para las familias, lo cierto es que, según Idealista, el precio del alquiler ha aumentado un 14,3% en Las Palmas con respecto al pasado septiembre de 2021 y un 11,6% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.