Canarias es una de las cinco regiones españolas cuyos servicios sociales públicos mejoraron en 2021 su calificación (3,66) en la evaluación que de ellos hace la Asociación de Directoras y Gerentes de la red pública de protección social, pero arrastra un notable déficit en la oferta de plazas residenciales para mayores de 65 años: 1,15 por cada 100, la más baja del país.
El Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2021 (Índice DEC), que elabora cada año esta organización de profesionales con datos oficiales sobre coberturas, inversión y derechos, muestra que dos de cada tres personas -el 62,2 % de la población- viven en comunidades con sistemas de protección social débiles y con enormes trabas administrativas.
Pese a que las comunidades autónomas y entidades locales han incrementado el 10% el gasto en estas partidas durante ese periodo de pandemia, no ha repercutido en una mayor oferta de servicios y prestaciones, ha destacado el coordinador del informe, Gustavo García, en la presentación del índice.Los servicios sociales en España obtienen una evaluación media de 5,1 -similar a 2017 y perdiendo lo ganado en los últimos cinco años. La nota más alta la tiene Navarra (7,39), seguida de Castilla y León (6,89); a la cola, Madrid (3,07), Murcia (3,09) y Canarias (3,66).
Datos por comunidades
Sólo cinco comunidades mejoran la calificación de sus servicios sociales en 2021, respecto a un año antes: Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja. Por el contrario, 10 comunidades empeoran: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco; y dos mantienen la misma calificación: Andalucía y Valencia.
El gasto público en servicios sociales pasó de los 406 euros de media por habitante destinado en 2019, a 447 euros con el presupuesto ejecutado de 2020, pero con grandes diferencias entre regiones, que oscilan entre los cerca de mil euros que destina País Vasco y los 600 de Navarra, a los 317 de Murcia y 357 de Madrid.