Desde hace unos días habrá leído en muchos titulares de prensa, incluido este periódico, el término Obligación de Servicio Público (OSP). Puede sonar extraño e incluso demasiado técnico. El objetivo de quien escribe estas líneas es disipar cualquier duda en torno a él y contar qué implicaría implantarlo en la ruta que conecta Lanzarote con Madrid. Mejores precios y más vuelos son las principales motivaciones para sacarla adelante.
Quien en su día fue consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno regional, Sebastián Franquis, comunicó en marzo –tras reunirse con el Estado– que el trayecto reunía los requisitos indispensables para implantar la experiencia piloto. Ahora bien, ¿qué es la OSP?
Papel de lo público
María Fernández, directora general de Transportes en el Ejecutivo canario, explica a Atlántico Hoy que “son intervenciones públicas en el mercado privado”. Detalla que en el Archipiélago ya hay alguna como la marítima de El Hierro donde no hay oferta suficiente que cubra la conexión entre la isla de El Meridiano y Tenerife.
“¿Qué hace lo público? Pone fondos, licita y las empresas privadas concurren”, continúa Fernández. También hay algunas OSP abiertas donde hay un intervencionismo limitado de la Administración Pública. “Lo elemental es que cuando el mercado privado no es suficiente para garantizar un derecho de conectividad, recursos o mercancías la administración interviene de una forma más o menos restrictiva”, comenta.
Vuelos interinsulares
“Nosotros en los vuelos interinsulares tenemos un tope de precios. Los billetes aéreos entre islas no pueden superar un precio máximo y sin embargo las empresas privadas operan con total libertad dentro de ese margen”, continúa.
Si acabara siendo una realidad el proyecto ideado en su día para la conexión entre Lanzarote y Madrid, dice, tendría grandes implicaciones “porque garantizaría un coste razonable de los billetes y un nivel de vuelos adecuado”. “La conectividad no solo es precio, también es frecuencia”, manifiesta.
Restricciones
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana refleja en su página web que la regulación de la Unión Europea (UE) protege a las compañías aéreas para que puedan prestar libremente y sin restricción alguna servicios. Así como fijar como consideren las tarifas.
Aunque ni todo es blanco ni todo es negro. ¿La razón? “También permite a un Estado miembro restringir parcialmente esas libertades mediante la imposición de lo que se denominan obligaciones de servicio público”.
Solo si es necesario
“Es cualquier obligación impuesta a los servicios aéreos regulares entre un aeropuerto de la Comunidad y otro que sirva a una región periférica o en desarrollo, o en una ruta de baja densidad cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la región”, prosigue la cartera que ostenta Raquel Sánchez.
Eso sí, matiza que “solo se impondrá cuando sea necesario garantizar unos servicios que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios que las compañías no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial”.
Territorios periféricos
La conclusión que se puede sacar es que las OSP responden a la necesidad de facilitar la movilidad de los ciudadanos residentes en territorios periféricos como Canarias para quienes no hay alternativa al avión para hacer largos viajes.
El Cabildo de Lanzarote dijo este jueves en declaraciones a este medio que la medida se traduciría en “estabilidad en los vuelos, garantía en las plazas y precios”. María Fernández apunta que es fundamental el visto bueno de la UE porque “sin eso todo lo demás es humo” y de momento el Gobierno no ha recibido información por parte de Moncloa. Por eso todavía es imposible conocer detalles exactos sobre cómo se efectuaría la OSP entre la isla y la capital de España.