Canarias volvió a registrar en 2023 la tasa de litigiosidad más alta de España con un total de 417.539 asuntos, un 5,9 % más que en 2022, según la memoria de la actividad judicial del pasado año, en el que creció un 1,3 % la resolución de casos, pero la pendencia aumentó un 20,3 % al quedar sin resolver 211.189.
Un hecho este último que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, ha calificado de "preocupante" en la rueda de prensa en la que ha presentado la memoria de 2023 aprobada por la Sala de Gobierno, que urge para 2024 la creación "como mínimo" de 11 nuevas unidades judicial, además de que entren en funcionamiento las que se pedían en años anteriores.
Medios limitados
Los medios en las islas son "limitados" y se produce un "efecto embudo" que hace que el tiempo de respuesta a los problemas de los ciudadanos vaya en aumento, ha lamentado Lorenzo, quien ha hecho hincapié también en que la jurisdicción Civil, sigue siendo la más sobrecargada y en que es preciso que se tenga en cuenta a los millones de turistas que reciben las islas para atender las necesidades judiciales.
Pese a la situación de carencia de medios, ha resaltado que la judicatura de Canarias logró el pasado año la media anual más alta de sentencias de España, 322, y sus resoluciones que fueron recurridas ante el Tribunal Supremo se confirmaron en un 99 %, además de haber sido los órganos canarios un 14,6 % más resolutivos que la media nacional.
Aumento del número de casos
Lorenzo ha incidido en que Canarias registró el pasado año 188,6 asuntos por cada 1.000 habitantes, por lo que fue por cuarto año consecutivo la comunidad con mayor litigiosidad. En relación a la sobrecarga de trabajo que arrastran los juzgados en las islas, ha destacado que afecta a 118 de los 211 existentes y en mayor medida a la jurisdicción Civil.
El número de asuntos que entraron en esta jurisdicción con respecto a 2022 subió un 8,5 %; en la Penal, aumentó un 4,5 %; en la Social bajó, un 1,3 %; y en la Contencioso-Administrativo, creció un 8 %, y en todos la pendencia fue mayor respecto a 2022, sobre todo en social (un 16 % más) y en lo contencioso- administrativo (un 15 % más).
Demora en la creación de unidades judiciales
En cuanto a la necesidad de más unidades judiciales, ha criticado la demora en la creación, ya que en 2002 se acordaron cinco pero tres no han entrado en funcionamiento, una en Granadilla de Abona, en Tenerife, y dos de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, aunque ha informado de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes publica que se crearán el próximo mes de septiembre.
En 2023, ha proseguido, fueron seis las unidades creadas y tampoco están en funcionamiento, pues lo harán entre el 30 de junio y el 30 septiembre próximos, según el BOE de hoy. No obstante, Lorenzo ha incidido en que los nuevos juzgados no van a resolver el problema de la Justicia, porque lo que se precisa es una "gran reforma organizativa" y cambios en la demarcación judicial.
Es necesario que se materialice la comarcalización de la violencia sobre la mujer, la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz (Tenerife) y que se aborde "sin prejuicios" la propuesta de unificación de los partidos de Arona y Granadilla de Abona (Tenerife), pues entiende que es la única solución para salir del "colapso absoluto" en el que se encuentra este último.
Situación "insostenible"
El presidente del TSJC ha vuelto a demandar también la construcción de las nuevas sedes judiciales que se reclaman tras un 2023 "sin avance alguno", por lo que ha considerado prioritario un plan de infraestructuras a medio y largo plazo, con compromisos de inversión por parte del Gobierno de Canarias. Asimismo, ha indicado que se requiere avanzar en la digitalización y en la dotación de medios tras la homologación del sistema de gestión procesal Atlante Web el pasado mes de febrero.
En su intervención, Lorenzo ha vuelto a considerar que es "insostenible" la situación de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que en Canarias tiene paralizado el nombramiento de cuatro presidencias y, por tanto, la Sala de Gobierno carece de esos miembros y ha rechazado los ataques políticos contra los jueces.