La nueva normativa del sistema de dependencia canario va a contar con un 80% de las aportaciones que han hecho los colectivos, administraciones o entidades, según ha informado este miércoles la Consejería de Bienestar Social. Dichas aportaciones se realizaron en el periodo de información pública.
Esta permitirá, explican, acortar el tiempo que tarda un ciudadano en recibir las ayudas asociadas a la Ley de la Dependencia. De esta manera el borrador recogerá la modificación completa de artículos y otros cambios sustanciales de plazos. La responsable de área, Candelaria Delgado, espera que "todos se sientan partícipes al tratarse de un texto consensuado con las Administraciones públicas y entidades sociales, políticas y económicas implicadas, y sustancialmente enriquecido como resultado del trabajo de todos".
El borrador fue presentado durante el Consejo General de Servicios Sociales celebrado en Santa Cruz de Tenerife.
Cambio sustancial
La normativa, expuso Delgado, supondrá "un cambio sustancial en la forma de atender a las personas en situación de dependencia en las Islas, ya se pasará de un sistema bifásico a uno monofásico, lo que permitirá reducir los tiempos de tramitación a seis meses y, por tanto, cumplir con los plazos previstos en la ley estatal".
En este sentido subrayó que en Canarias "ha existido un sistema bifásico, lo que significa que para obtener la resolución de la situación de dependencia y las prestaciones asociadas a la ley deben ir dos profesionales al domicilio del solicitante en distintas ocasiones" de manera que "primero, un valorador o valoradora, que determina el grado de dependencia del ciudadano, y posteriormente otro profesional que determina el programa de atención individualizada, es decir, las ayudas a las que tiene derecho. Con el sistema monofásico acudirá al domicilio un solo profesional y, si se determina que la persona cuenta con un grado de dependencia, en el mismo instante se elaborará el PIA" para reducir en un año el tiempo de tramitación.
Delgado afirmó que, por tanto, “la entrada en vigor del nuevo decreto traerá consigo grandísimos cambios para la ciudadanía, ya que no se tardará, como sucede actualmente, casi dos años en resolver el reconocimiento de la dependencia, logrando que se cumpla la Ley y que la gestión no supere los seis meses”. “Las primeras medidas puestas en marcha por la Dirección General de Dependencia ya han permitido que se reduzca notablemente el tiempo de resolución de una solicitud. A finales de 2022 se tardaban 977 días y ahora 585 días”, añadió.
Respuesta a la ciudadanía
La consejera insistió en que Ley de la Dependencia "recoge que el reconocimiento de la situación de la dependencia es competencia de las administraciones públicas y se efectuará siempre por el personal empleado público habilitado por la Dirección General competente en materia de Dependencia".
También que no existe "ningún riesgo ni de privatización ni de externalización del sistema de la dependencia" ya que el objetivo es "transparentar el sistema y hacerlo más eficaz y ágil, que responda a las expectativas de la ciudadanía y atienda a la realidad de la sociedad canaria".