Las universidades públicas de Canarias han reclamado este lunes que no entre en vigor la nueva normativa que incluye a los estudiantes que realicen prácticas empresariales en el sistema de cotización a la Seguridad Social. A partir del 1 de octubre, los estudiantes que trabajen para alguna empresa o institución en forma de prácticas no remuneradas ya contribuirán a su cotización, un hecho que desde las universidades públicas canarias han rechazado por la “alta carga burocrática” y por la posibilidad de que las empresas e instituciones no puedan asumir el coste.
Así lo destaca un comunicado de la Universidad de La Laguna (ULL), que expresa su preocupación y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al respecto de cómo afectará a su actividad y a los contratos la nueva normativa. Ambas universidades públicas han cargado contra la medida porque “no ofrece una mejora sustancial en la protección del estudiantado en prácticas y, sin embargo, resulta un elemento de disuasión para que las empresas y entidades públicas acojan estudiantes”, recoge el comunicado.
Posible huída
En este sentido, además, añaden que “muchas entidades” ya “han notificado a ambas universidades que no están en condiciones de asumir” esta medida. Sin embargo, Atlántico Hoy ha preguntado a la Universidad de La Laguna si ya habido empresas que han expresado que no renovarán su contrato de prácticas externas y aseguran que no, pero temen que pueda ocurrir esta circunstancia. Tampoco aclaran cuál será el gasto por alumno.
El comunicado lo ha emitido pocos días después de que finalizara el curso académico, en periodo de exámenes y cinco meses antes de que entre en vigor el real decreto que obliga a la cotización por el trabajo de los estudiantes. Hasta ahora, solo las prácticas remuneradas contaban para la cotización de la seguridad social, pero con el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones también lo harán las no remuneradas.
En Canarias, las prácticas externas son un requisito fundamental para obtener la titulación en las universidades públicas. Equivalen a 12 créditos universitarios y varían en torno a una duración de tres meses.
Frenar la cotización
La alerta que hacen desde las universidades públicas se materializa en un reclamo para dejar las cosas como estaban y que los estudiantes no coticen por las prácticas externas. “Habría que hacer todo lo posible por mantener el modelo actual y garantizar una oferta de plazas razonable y de calidad en entidades”, reclaman, a lo que añaden que “resulta absolutamente imprescindible que no entre en vigor”
Lo hacen así por el miedo a que las empresas y entidades que ya tenían las prácticas no remuneradas conveniadas cancelen el acuerdo, lo que “unido al tejido empresarial limitado de esta comunidad, con una fuerte tendencia al sector turístico, hace muy complicado buscar entidades colaboradoras adicionales”, añade.
Pero no solo eso, influye especialmente, según comentan desde la ULL, el peso en la gestión que esta medida pueda acarrear. “Ante la situación de que las entidades no asuman las obligaciones con la Seguridad Social, las universidades tendrían que atender las obligaciones de alta, baja y cotización, (...) con el consecuente incremento de costes y, sobre todo, en recursos humanos destinados acometer (sic) la elevada carga burocrática”. Desde esta universidad señalan a este medio que cada año egresan 3.500 alumnos y se preguntan, “¿cómo gestionamos eso?”.