Muface pende de un hilo. Es una frase que genera una gran incertidumbre a miles de personas a lo largo y ancho de España, pero a otras les produce indiferencia por, quizás, no saber de qué se trata. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria desde 1975 a quienes trabajan para el Estado. Ahora, casi 40 años después, está en riesgo de desaparecer por la falta de entendimiento con el Gobierno central y la propuesta de Sanidad para eliminarlo en un plazo de nueve meses.
Los empleados públicos adscritos a Muface pueden elegir estar inscritos a la Seguridad Social para tener un médico público de cabecera, aunque también tienen la posibilidad de acogerse a un seguro en empresas como Adeslas, Asisa y DKV Seguros —si lo hacen pierden el derecho a estar en la sanidad pública—. Según datos publicados por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, en Canarias había en el año pasado 62.294 funcionarios adscritos al sistema, de los que 43.256 están en alguna de las tres entidades privadas.
Licitación desierta
Los datos se traducen en que el 69,44% de los funcionarios civiles del Archipiélago tendrían que pasarse a la sanidad pública si al final Muface se borra del mapa. Todo empezó cuando a principios de noviembre la licitación del concierto sanitario de Muface quedó desierto porque ninguna de las aseguradoras se presentó para renovarlo en el periodo 2025-2026. Implicaba un aumento del 17,12% de la prima por asegurado —1.337 millones de euros para el primer año y 1.344 para el segundo—, pero las empresas demandan un incremento por encima del 40% teniendo en cuenta sus condiciones actuales de financiación.
El Ministerio de Sanidad, cartera encabezada por Mónica García, planteó este lunes una prórroga de nueve meses del concierto en vigor amparándose en la Ley de Contratos del Sector Público. Durante ese periodo se pondría en marcha un proceso de internalización de la provisión sanitaria de los mutualistas de Muface para que se hiciera cargo el Sistema Nacional de Salud. La idea es plantear una incorporación paulatina sin olvidar a los pacientes inmersos en procesos terapéuticos que precisan continuidad.
Transición
Un informe de Sanidad abre la posibilidad a que en ese tiempo exista un plan de transición para garantizar la atención de pacientes crónicos en sus centros hospitalarios de referencia sin necesidad de pasar por el cauce común de una primera consulta. Así como un plan de transferencia para la información clínica que evite la duplicidad en las pruebas diagnósticas y terapéuticas u otro de comunicación para resolver cualquier duda.
Volviendo a Canarias, en las Islas el seguro que predomina entre los funcionarios adscritos a Muface es Adeslas con 26.898 personas, está seguido de DKV con 10.038 y por último se encuentra Asisa con 6.320 —el resto, que son 19.038, están acogidos al Instituto Nacional de la Seguridad Social—. En el conjunto del Estado hay 1,5 millones de mutualistas y el 67,3% se ha decantado por las aseguradoras privadas.
Por provincias
Los datos sobre funcionarios también están desagregados por provincias y la de Las Palmas —con 33.527 en el sistema Muface— es, en las Islas, la que más empleados públicos suman en aseguradoras privadas: 24.226 frente a los 19.030 en la de Santa Cruz de Tenerife —28.767 en total añadiendo a los que están en la Seguridad Social—. En ambas, Adeslas y DKV son las mayoritarias. Las cifras revelan, sin lugar a dudas, que en el Archipiélago se llevan la palma Adeslas y DKV.
La última novedad es que este jueves se abrió un plazo habilitado por el Gobierno español con el objetivo de ampliar de dos a tres años la nueva licitación para renovar Muface hasta 2027. Se trata de una decisión para solucionar un problema que afecta a las aseguradoras que no quieren entrar en pérdidas como a los sindicatos, que han anunciado movilizaciones para pedir que todo se quede como está tras las palabras de Mónica García.
Listas de espera
Lo ocurrido ha servido para abrir un debate sobre el modelo de Muface y su viabilidad. En el caso del Archipiélago, si no se llegara a buen puerto, habría al menos 43.256 usuarios más de una sanidad pública que flojea por momentos al estar colapsada. Según datos del pasado mes de octubre, en Canarias se tarda 147 días de media en ser atendido por un especialista —aunque ha conseguido acercarse a la media nacional—.
Además, en el primer semestre de 2024, un total de 34.125 pacientes estaban en lista de espera para someterse a una intervención quirúrgica no urgente en las Islas. De ahí, un preocupante 21,6% llevaba más de seis meses esperando, un porcentaje que, aunque superior a la media nacional del 20,5%.
Familiares
Habría que valorar cuál acabaría siendo el impacto de introducir a todas esas personas en el sistema, aunque parece que el plan paulatino propuesto por el Ministerio podría ayudar. Sanidad en su informe va más allá y comenta que “el modelo Muface no es sostenible porque ningún sistema funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso”.
Otra curiosidad es que los familiares de los funcionarios inscritos en Muface también pueden beneficiarse de la sanidad privada. Se trata de cifras que no están desagregadas por comunidades autónomas, pero en España hay 434.409 ciudadanos adscritos a alguna aseguradora por ser familiar de un empleado público.
Merece la pena resaltar que dentro del Gobierno de España existen discrepancias sobre el modelo de Muface, ya que Sumar —partido que tiene el Ministerio de Sanidad— planteó en su programa electoral la extinción progresiva de la atención sanitaria privada para los funcionarios, una postura que mantiene a día de hoy, aunque no llegó a formar parte del acuerdo de Gobierno con el PSOE.