Miguel Ángel Ramírez vuelve a estar presente para la Fiscalía Provincial de Las Palmas de nuevo por un caso de presunto fraude fiscal para el que pide una condena de seis años de cárcel y el pago de 2,89 millones de euros de multa, según ha adelantado Canarias 7. El presidente de la UD Las Palmas cometió presuntamente dos delitos contra la Seguridad Social en la gestión de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur Canarias o también conocida como Novo Segur.
Junto a Ramírez, hay cinco acusados más: Alicia Pérez Sánchez, para la que la Fiscalía pide la misma condena que a Ramírez; Jacobo López Perdomo, que se enfrenta a tres años de prisión y una multa de 517.394 euros; Antonio Redondo Álvarez, Jesús Miguel Acosta Santana y Gladys Acosta García, para quienes piden tres años de prisión y 2.374.718 euros. A este grupo se sumaba una sexta persona, Marta Rosa Hernández Marrero, quien falleció el pasado sábado 2 de marzo.
"Infracotización de sus trabajadores"
El Ministerio Público pone el foco sobre la presunta “infracotización de sus trabajadores” en este nuevo procedimiento debido a que no se incluyeron en las bases de cotización “las remuneraciones a que tenían derecho” en relación a los convenios estatales del sector de empresas de seguridad y a los propios convenios de ambas mercantiles “con una evidente defraudatoria”, indica la Fiscalía.
La fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, fue la redactora del escrito y también se encargó de la acusación del procedimiento por presunto fraude fiscal de Seguridad Integral Canaria, pendiente de sentencia y de la querella del caso Damco.
Sinergias
El caso de Sinergias de Vigilancia y Seguridad se remonta a su constitución en 2013 con un capital social de 60.200 euros, donde Alicia Pérez suscribió 99 acciones y Francisco Ramírez, padre de Miguel Ángel Ramírez, suscribió una. La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Las Palmas detectó que la empresa había incurrido en infracciones de cotización de sus trabajadores, generando una deuda con el Estado de 172.464,76 euros entre 2014 y 2015. La empresa aplicaba un convenio no inscrito ni publicado, que fue denunciado como ilegal, a pesar de tener resultados económicos positivos en esos años.
A pesar de que Sinergias tenía una situación económica favorable, impuso a sus trabajadores condiciones salariales inferiores a las legalmente debidas, lo que generó perjuicios económicos tanto para la Seguridad Social como para los empleados. Las cifras de negocio de la empresa en 2014 ascendieron a 542.886 euros, con resultados positivos de 108.298, mientras que en 2015 aumentaron a 1.564.278 euros con ganancias de 159.070. Estos datos no justificaron las reducciones salariales impuestas.
El acta de liquidación fue impugnada por Sinergias y la queja fue desestimada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria en mayo de 2018. Como resultado, los administradores de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, Alicia Pérez y Jacobo López enfrentan acusaciones derivadas de estas prácticas.
Marsegur, luego llamada Novo Segur
En cuanto a Marsegur, se estableció en 2011 con un capital social de 60.200 euros y también dividida en 100 acciones - una de Alicia Pérez y las 99 restantes de Jesús Miguel Acosta. En 2017, fue renombrada como Novo Segur Seguridad Privada y se incluyó entre los administradores a los acusados Gladys Acosta y Antonio Redondo.
La gestión fue similar a la de Sinergias, generando una deuda con la TGSS de 791.572 euros entre 2012 a 2016. Se aplicaron tablas salariales propias y no se cumplió con las obligaciones de cotización, incluyendo las vacaciones no disfrutadas.
La Fiscalía sostiene que Novo Segur abonaba salarios por debajo de los convenios del sector de seguridad privada, e investiga a los administradores, incluidos Ramírez, Pérez, Redondo, Acosta y su hermana Gladys, por estas presuntas prácticas delictivas.
Alicia Pérez, investigada
El escrito de acusación de la Fiscalía presenta un detallado seguimiento de los movimientos financieros de los acusados, destacando en especial el caso de Alicia Pérez. Cuando fue colocada como accionista de Sinergias, tenía una sola cuenta corriente con un saldo de 758 euros en diciembre de 2012, pero supuestamente dispuso de 59.598 euros para adquirir el capital de la compañía. Según la fiscal, en realidad fue Ramírez quien proporcionó ese dinero. Además, Pérez era titular de una tarjeta más exclusiva del mundo, American Express Centurión - a nombre de Ramírez-, en la que cargó operaciones por elevados importes entre 2014 y 2016, ascendiendo a 444.243 euros.
Con el tiempo, Pérez constituyó una sociedad para prestar servicios similares a los de Seguridad Integral Canaria (SIC), empresa vinculada a Ramírez. La acusada era beneficiaria de una exclusiva tarjeta vinculada a SIC y recibió gran parte de la cartera de clientes de esta empresa cuando SIC solicitó la declaración de concurso sin pagar por esta adquisición. Además, percibía sueldo y dietas de la sociedad que asesoraba, a pesar de considerarla su competidora desde 2015. Vivía en una casa a nombre de Gestiones y Asesoramientos 3000, principal cliente de SIC, y conducía un BMW 430i propiedad de Sinergias, pero los investigadores no la vieron ir o acercarse a las oficinas de Sinergias aunque era su administradora.
Actualmente, Pérez figura como CEO de la empresa Lilium by APS, dedicada a la representación de futbolistas, producción de contenido audiovisual y musical, así como promoción y estrategias en redes sociales, contando con varios futbolistas de la UD Las Palmas.