Canarias tiene bajo su tutela a más de 5.000 menores migrantes que han llegado a las costas del Archipiélago. Un número que ha causado la movilización de una propuesta hasta el Congreso de los Diputados para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Sin embargo, este dato no es fijo y una de los factores que produce su variación es la decretación de la mayoría de edad.
Este año, de los cinco millares de chicos y chicas que se encuentran en las Islas, 1.614 de ellos cumplen los 18 años, según ha indicado la Consejería de Bienestar Social a Atlántico Hoy. Esto, cómo no, supone que se considerarán mayores de edad. Pero, ¿qué implica este hecho? ¿Qué pasa con los jóvenes que llegan a la mayoría de edad? El viceconsejero del área, Francisco Candil, explica que existen dos posibilidades: seguir la ruta migratoria o quedarse en Canarias.
Continuar su viaje
Al cumplir los 18 años, la tutela como menor de edad por parte del Gobierno autonómico se acaba. En ese momento, los chicos y las chicas son libres de tomar su propia decisión. Entre el abanico de posibilidades, una de las más elegidas, según Candil, es seguir su viaje como se habían propuesto en un principio. “Quieren seguir el camino hacia lugares donde tienen referentes, conocidos o familiares”, señala.
En estos casos, explica el viceconsejero, “la mayoría de las entidades hacen un trabajo previo de contacto con esas personas que los jóvenes referencian”, como “un primo lejano, un vecino o un amigo”, para “saber dónde están y qué opciones tienen”. Se les ayuda así con los traslados, que “en la mayoría de los casos se pagan por parte de las propias entidades”, y “muchos ya salen teniendo la expectativa de que van a tener una oportunidad laboral en algún lugar de España o Europa”.
Quedarse en Canarias
Por el contrario, otra parte de estos jóvenes deciden quedarse. Muchos de ellos porque están estudiando, cursando alguna formación que desean terminar, y otros que esperan encontrar aquí un puesto de trabajo. En este sentido, Candil ha asegurado que desde la Consejería se está trabajando para ampliar los recursos y apoyos para dar respuesta a quienes desean continuar en las Islas. Esta demanda ya se la han trasladado al Estado, añade, teniendo en cuenta la “saturación” que sufre el Ejecutivo regional por el alto número de personas tuteladas.
La Dirección General de Juventud es la encargada del programa de extutelados, apunta el viceconsejero. Desde la institución se intenta incrementar las líneas de financiación a través de fondos sociales europeos para fortalecer y hacer crecer la oferta educativa que se ofrece a los jóvenes migrantes, así como la oferta laboral, y el número de plazas de ambas.
Formarse y trabajar
En lo que respecta a la educación, Candil manifiesta que se pone “especial atención” cuando “se detecta interés y voluntad por parte de los chicos” para apoyarles en la formación. Por ejemplo, señala, “hay casos de chicas que terminan la universidad”.
La oferta laboral se ha fomentado a través de acuerdos con las confederaciones de empresarios y negociaciones con empresas dispuestas a becar a los jóvenes que se encuentran en centros formativos y puedan así seguir profundizando en las habilidades que están adquiriendo. De esta manera, “hay cierta relación ya con las empresas que llegan a hacerles una oferta de empleo”. “Se tratan de trabajos en los que los canarios no se están incorporando”, aclara el viceconsejero, que indica que se trata de empleos en el ámbito de la construcción, en el sector de servicios en el área sociosanitaria y en el sector primario, sobre todo.
Situación actual
Decretar la mayoría de edad es uno de los factores que contribuyen a que el número de menores migrantes fluctúe. El viceconsejero ha destacado que “por primera vez, hemos bajado de los 5.500 menores a alrededor de 5.400”. Esta cifra seguirá modificándose, describe, pues, por ejemplo, “ayer llegó un cayuco con 30 menores que están a la espera de hacerse la prueba para verificarlo”.
Asimismo, Candil también menciona a los cerca de 1.080 jóvenes de Malí que esperan poder “acogerse al estatuto de asilo o de refugiados de protección internacional”, al venir de un territorio en conflicto. Para ello, la Consejería trabaja de la mano de Acnur para dar respuesta “en tiempo y forma” a estas personas, concluye.