El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) mantiene en prisión a un joven de Senegal acusado de ser el patrón de una patera a pesar de que su defensa aportó hace once días una partida de nacimiento verificada donde consta que es menor de edad.
El magistrado a cargo del caso tiene en su Juzgado desde el 16 de febrero un acta de nacimiento de Senegal que acredita que el chico nació en octubre de 2006, documento que ya había aportado antes en forma de fotocopia, pero que su defensa ha vuelto a facilitarle con "apostilla de La Haya"; es decir, tras pasar el mecanismo acreditación de documentos aceptado por España (el convenio de La Haya de 1961).
El joven y otro muchacho senegalés ya reconocido como menor tras haber pasado dos meses en prisión preventiva en una cárcel de adultos, fueron detenidos por la Policía bajo la acusación de haber pilotado un cayuco desde Mauritania con 29 inmigrantes a bordo que fue rescatado en Gran Canaria la noche del 16 de diciembre.
La detención
Los dos dijeron que eran menores nada más desembarcar en Arguineguín de la lancha de Salvamento. De hecho, la Cruz Roja los registró en sus informes con la anotación de MENA (menor extranjero no acompañado) y una edad declarada de 17 años, en ambos casos, como figura en partes de asistencia a los que ha tenido acceso EFE.
No se sabe qué sucedió con el dato de la edad en los días siguientes, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado de que ni ante la Policía ni ante el juez de guardia que ordenó su ingreso en prisión el 21 de diciembre (el del Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana) alegaron que fueran menores.
"Un error"
"Lo que ha ocurrido con A. es un error, así se lo reconozco. Debería haber sido trasladado al hospital para que le hicieran las pruebas ese mismo día. No debió haber seguido en prisión", ha manifestado a EFE la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, que conoció el caso tres semanas después, cuando le llamó la atención sobre el chico la juez de Vigilancia Penitenciaria.
El juez sí ordenó el 3 de enero que le hicieran las pruebas óseas a A., pero no dictó medida cautelar alguna que le otorgada el beneficio de la duda, como recomiendan el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado en su protocolo para estos supuestos o el Comité de Derechos del Niño de la ONU en las distintas resoluciones que ha dictado en los últimos años para reprender a España por malas prácticas con menores migrantes, la última de este mismo mes.