El personal sanitario que quiera inscribirse como objetor de conciencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo ya podrá hacerlo tras publicarse en el Boletín Oficial de Canarias el registro y regulación para ello, una lista que ya se llevaba a cabo desde los Colegios de Médicos, pero que se ha promovido ahora desde el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas.
Este registro nace a raíz de la entrada en vigor en 2023 de la ley de salud sexual e interrupción, donde se recoge la obligación de garantizar que este proceso se realice en los hospitales públicos, y no solo en privados como se venía haciendo en Canarias. No obstante, Rodrigo Martín, presidente del Consejo Canario de Colegios de Médicos, apunta que, más allá de que esta lista ya las gestionaran desde los centros, “da igual que se ponga en el Boletín Oficial, si no se ofrecen los recursos suficientes” para realizar estas prácticas en la sanidad pública.
Burocracia de la Administración Pública
Desde los colegios de médicos se han opuesto a la creación de este registro por diferentes razones. En primer lugar porque era una labor que ya se realizaban desde los propios centros, algo que facilita la gestión al contar con “el registro de todos los profesionales” y ser “mucho más operativos” que la propia Administración a la que “siempre le falta personal y vive los clásicos líos burocráticos”.
E igual el hecho de hacer el registro en negativo en lugar de en positivo. Martín defiende llevar a cabo el registro en positivo, es decir, se apuntan aquellas personas dispuestas a realizar distintas prácticas, entre ellas el aborto o eutanasia, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en el caso de la interrupción de embarazo solo lo pueden realizar desde ginecología, por lo que que se evitan inexactitudes al hablar del número de médicos que se oponen al recoger solo a aquellos especialistas habilitados para llevar a cabo estos procesos.
Falta de recursos en la sanidad pública
Más allá de que entidad gestiona o no las listas y cómo se hace, el problema real se encuentra en la ampliación de la cartera de servicios de los centros médicos públicos sin tener en cuenta la falta de recursos para llevar a cabo estas prácticas y las listas de espera a las que se enfrentan, señala el también presidente del Colegio de Médicos de Tenerife. “Los políticos quieren tener todos los servicios posibles, pero después no pueden afrontarlos”, critica Martín.
Esta saturación de la pública conduce a la derivación a clínicas privadas, indica. En el caso de un aborto, es un proceso que no puede demorarse, explica Martín, al igual que una operación de cáncer, por lo que se presenta la decisión de qué atender primero en un quirófano. Por ello, para él la cuestión no se basa en si es mejor concertada o pública, pues este debate no puede existir si se tiene en cuenta la situación que vive actualmente la sanidad pública con la sobrecarga de listas de espera.
Sin tener en cuenta la realidad de los hospitales
Es así que por mucho que se publique en el Boletín Oficial, “si no se ofrecen los recursos suficientes” no se puede hacer más nada, “sin dinero, medios estructurales y técnicos para atender esos servicios”, manifiesta el experto, quien en lo que respecta a la práctica del aborto, expone también la falta de un acompañamiento psicológico desde la sanidad pública para las personas que se someten a esta intervención quirúrgica.
Por lo que la situación que se produce de ofrecer o no un servicio sanitario, no es decisión del médico, continúa Martín, sino de la imposición del pensamiento político, un punto de vista exterior a la realidad que se vive en los centros sanitarios.
Nace así la denuncia a la falta de consulta de las entidades administrativas y políticas hacia los propios médicos. “Es importante que los médicos participen contando los inconvenientes o no” de ciertas decisiones y proyectos.
Para la creación y regulación del registro mencionado, ofrecieron a la Consejería de Sanidad su opinión, recogida en esta pieza sobre llevar el registro en positivo y la necesidad de ampliar recursos en la sanidad pública, sin embargo, no se sienten escuchados ante los resultados que ven por parte del Gobierno.