Varias unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas recibieron 300.00 mascarillas de tipo FFP2 y 200.000 quirúrgicas en el verano de 2022. Medio millón de cubrebocas de los que miles han acabado ahora en la basura. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este lunes que estos Elementos de Protección Individual han caducado “entre ayer y hoy” y que fueron distribuidos de forma irregular.
En aquel momento su uso solo era obligatorio en centros y servicios sanitarios, así como medios de transporte. AUGC añade que la vida útil de las mascarillas recibidas era inferior a los nueve meses. “La falta de control en esta entrega fue de tal calibre que se llegaron a adjudicar a Unidades de la Guardia Civil mascarillas de tipo FPP2 cuyo destino real era el Salto del Negro”, ha indicado.
Empresas responsables
El sindicato ha explicado que las mascarillas fueron fabricadas hace tres años en China por la empresa Guangzhoy Carrot Mall Network Technologies e importadas por la compañía UNIMAMA B.V. con sede en Ámsterdam (Holanda). La Guardia Civil las recibió mediante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INESA).
El máximo responsable, según da a entender AUGC, es el Ministerio de Sanidad. Una cartera que por aquel entonces tenía la ahora candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Un Ministerio que “confió a dedo la recepción, almacenamiento, gestión y distribución de material sanitario” a Logista Pharma.
Un perjuicio económico
AUGC considera que “todos estos miles de mascarillas que no deben usarse a partir de hoy suponen un perjuicio económico para la ciudadanía, con cuyos impuestos fueron adquiridas, que será incluso mayor pues ahora deberá sufragarse adecuadamente su destrucción”.
Además, ha instado a la nueva directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a ordenar una investigación “para aclarar lo ocurrido con estos miles de mascarillas que ahora caducan”.
¿Mascarillas homologadas?
Las distintas unidades que a los que habían sido entregados los cubrebocas recibieron un correo electrónico advirtiendo de que en pocos meses caducarían y que exponía: “El Mando de Apoyo ha autorizado que, aquellas mascarillas higiénicas procedentes del suministro realizado por el INGESA que fueron distribuidas entre las distintas unidades del Cuerpo, y cuya fecha de caducidad se encuentre comprendida entre los meses de marzo-mayo del 2023, se puedan donar a entidades benéficas, sanitarias, residencias de ancianos o cualquier otro organismo o entidad que se considere oportuno”.
A raíz de esto, varios centros de mayores, de refugiados o una concejalía de un ayuntamiento del sureste de Gran Canaria recibieron algunas de estas mascarillas. AUGC admite que desconoce “si dichos organismos y entidades fueron conscientes de las condiciones en las que se encontraban dichas mascarillas que recibieron y si han ordenado que no se usen a partir de hoy aquellas que aún conserven”.
“Debe recordarse que hay serias dudas sobre si dichas mascarillas FPP2 cumplían con la normativa europea pues carecían del marcado CE, lo que unido al momento y forma en la fueron repartidas, no hacen más que acrecentar las dudas sobre su proceso de compra”, sentencia el sindicato.