Casi 100 personas, entre ellas 24 menores, han sido desalojadas de un complejo de viviendas inacabadas en la localidad turística de Playa Blanca, en el sur de Lanzarote. Varias de estas personas se habían asentado con pancartas reivindicando el derecho a una vivienda digna y alegaron que se vieron obligadas a ocupar esas viviendas inacabadas por la falta de alquileres en la isla.
Según han informado fuentes policiales, el desalojo, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, se llevó a cabo sin que se registraran incidentes, a pesar de que la mayoría de los ocupantes de las viviendas no habían retirado sus pertenencias del interior de los inmuebles.
Traslado a un albergue
Cuando el Ayuntamiento de Yaiza elaboró el informe de Servicios Sociales, exigido por la administración de justicia, detectó que entre las familias afectadas había cinco mujeres embarazadas, personas con discapacidad y mayores, así como un enfermo oncológico y al menos 68 de ellas se encuentran en situación administrativa irregular.
El Consistorio, a través de un comunicado, ha asegurado este martes que propuso alternativas habitacionales en las que reubicar a las familias más vulnerables, y que consensuó con el Cabildo de Lanzarote trasladar de forma temporal a 22 de estas personas al albergue del Aula de la Naturaleza de Máguez, además de ofrecer el transporte diario de los menores escolarizados en el municipio de Yaiza para garantizar la continuidad de sus clases.
Falta de alquileres
Asimismo, la entidad municipal ha recordado que las competencias municipales en materia de vivienda son limitadas y que el Ayuntamiento tiene "escaso margen" de actuación, más si cabe con el problema de escasez de vivienda de alquiler y los precios "desorbitados" que hay en la isla.
Dentro de sus competencias, ha señalado, "los Servicios Sociales del Ayuntamiento siempre han estado vigilantes a la situación de las familias vulnerables para tender la mano dentro de las competencias municipales".
El desahucio ha sido ejecutado después de que el Juzgado lo ordenara como medida cautelar solicitada por la sociedad propietaria del inmueble, que instó un procedimiento tras la ocupación masiva de los apartamentos.