El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este jueves desde Luxemburgo a la Agencia Europea de Fronteras y Costsa (Frontex) que se despliegue e Mauritania, Senegal y Gambia, donde España ya trabaja hace años, y contribuya a "salvar vidas" en la Ruta Canaria previniendo salidas.
Durante la celebración en del Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea, Grande-Marlaska ha subrayado que la colaboración y cooperación entre el Gobierno de España y Frontex "es permanente en el tiempo" y ha recordado que hay dos operaciones todos los años con funcionarios de Frontex, Indalo y Minerva, en las que participan la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Tenemos también funcionarios de Frontex en Canarias desde hace tiempo, desde hace años (...) trabajando en labores conjuntas con nosotros de información e inteligencia", ha añadido, en referencia a los agentes europeos que apoyan a las fuerzas de seguridad españolas en los principales puertos donde opera Salvamento Marítimo.
El ministro ha subrayado "la importancia de la cooperación y coordinación a los países de origen y tránsito y poder hacer frente con mayor efectividad a las mafias, a las organizaciones criminales que trafican con seres humanos y les ponen en el riesgo vital" en "una de las rutas más peligrosas, como es la ruta a Canarias". Y ha remarcado que lo que siempre ha pedido España a Frontex es "que cierre acuerdos con los países de origen y tránsito, con Mauritania y Senegal, para poder colaborar y cooperar con ellos, como lo hace España bilateralmente, en la protección de esas fronteras".
Ha recordado que Frontex ya trabajó sobre el terreno en África, en 2006, en la operación ERA durante la llamada "crisis de los cayucos", pero que la nueva regulación de la Agencia Europea de Fronteras después de la última reforma del Reglamento Frontex exige la firma de acuerdos con los países africanos. "Ahí es donde tiene que trabajar Frontex, tiene que trabajar en cerrar esos acuerdos", ha añadido.
"Muy preocupante"
A principios del pasado septiembre, el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, dijo que la presión migratoria en las Islas Canarias es "muy preocupante" y pidió voluntad política al Gobierno español para poder actuar. Poco después, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, presidida por el eurodiputado popular Javier Zarzalejos (PP), remitió a España una carta para aclarar por qué el Gobierno español no solicitaba ayuda a Frontex en Canarias.
En una carta el pasado 27 de septiembre Grande-Marlaska reiteró al Parlamento Europeo que el Gobierno sí ha pedido ayuda a Frontex de forma "reiterada" para hacer frente a la inmigración irregular, pero dejó claro que esa solicitud no está dirigida a aumentar los efectivos de la agencia europea en Canarias, sino a enviar medios de vigilancia a África.
Por otra parte, también desde Luxemburgo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dicho que el Gobierno "sigue teniendo la mano tendida" para dar con una solución que permita el traslado de los menores migrantes desde Canarias a otras comunidades autónomas, dijo este jueves. "El Gobierno sigue teniendo la mano tendida para dar una solución y esa modificación que está pendiente", ha explicado Saiz en declaraciones a la prensa a su llegada a un Consejo de Ministros europeos de Interior.
La ministra añadió que este miércoles se vio "cómo en una comparecencia solicitada al presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) para hablar de política migratoria, desde el principal partido de la oposición no se habló en ningún momento de la cuestión para la que se había pedido la comparecencia". Saiz, que participa en esa reunión junto con Fernando Grande-Marlaska, ha añadido que el pleno del Congreso de este miércoles "se utilizó" para "seguir intentando erosionar y ahondando en la desinformación".
"Una demostración clara"
A su juicio, se trata de "una demostración clara" de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene ningún proyecto para este país". "A pesar de ese ruido, de ese intento constante en la desinformación y de instrumentalizar cualquier cuestión para intentar erosionar al Gobierno, la mano tendida sigue por parte del Ejecutivo para alcanzar un acuerdo y esa modificación del artículo 35", ha apuntado Saiz, en referencia a esa disposición de la Ley de Extranjería.
Con ello se busca establecer un reparto vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas desde las regiones más afectadas. Las negociaciones entre el Gobierno central y los populares se interrumpieron el pasado fin de semana cuando el PP acusó al Ejecutivo de negarse a pedir ayuda a la Unión Europea para la gestión migratoria en Canarias.